Benavides ha negado que quisiera obstruir la labor del Defensor del Pueblo Andaluz

EFE.- El exalcalde de Almuñécar Juan Carlos Benavides, para quien el fiscal ha mantenido su petición de nueve meses de cárcel y dos años de suspensión de empleo o cargo público, ha negado que quisiera obstruir la labor del Defensor del Pueblo Andaluz y ha atribuido lo ocurrido a un “colapso” administrativo.

El exregidor, actual concejal de Convergencia Andaluza en la localidad costera, ha sido enjuiciado esta mañana en el Juzgado de lo Penal 1 de Motril acusado de un delito contra las instituciones del Estado previsto en el artículo 502.2 del Código Penal por falta de colaboración con el Defensor del Pueblo Andaluz.

Durante el juicio, que ha quedado visto para sentencia, Benavides ha asegurado que tuvo conocimiento del “problemón” derivado de la supuesta falta de atención a las referidas peticiones de informe del Defensor a través de los medios de comunicación y que, a partir de entonces, adoptó diferentes medidas para solucionarlo.

Al respecto, ha explicado que descargó de tareas al funcionario que llevaba la asesoría jurídica, que se encontraba “colapsada” sobre todo por temas urbanísticos, reforzó con más personal ese área y aumentó la delegaciones que entonces tenía la Concejalía de Relaciones Institucionales.

Según Benavides, que también ha asegurado que no recibió directamente ninguna comunicación del Defensor y ha admitido un mal funcionamiento del departamento encargado, se envió además una orden a todas las demás áreas para dar la mayor celeridad posible a las peticiones efectuadas por esa institución y se abrió una investigación interna.

Durante la vista oral han testificado, entre otros, dos de los ediles que entonces se encargaban de las Relaciones Institucionales y cuya versión ha sido coincidido mayoritariamente con la del entonces alcalde.

La Fiscalía ha mantenido su petición condenatoria al entender que Benavides es responsable de los delitos de los que se le acusa a partir de las pruebas practicadas y las contradicciones que aprecia en su declaración.

Por su parte, la defensa ha insistido en la inusual sobrecarga de trabajo que tenía la asesoría jurídica y en que se adoptaron medidas para solucionar el problema, al tiempo que ha recordado que el propio Defensor ha renunciado a ser parte en este juicio e incluso a una posible indemnización.

Un proceso judicial de este tipo contra un exregidor no se había producido hasta ahora en los 27 años de historia del Defensor del Pueblo Andaluz, según informaron en su día a Efe fuentes de esta institución, y únicamente tiene un precedente nacional con un exalcalde de la localidad guipuzcoana de Pasajes con el Defensor del Pueblo Vasco.

Según la acusación pública, la falta de colaboración se refiere en concreto a seis expedientes de queja de naturaleza urbanística en las que se efectuaron peticiones de informe.

La denuncia presentada por el Defensor del Pueblo contra el entonces alcalde fue publicada el día 26 de junio de 2009 en diversos medios de ámbito local y nacional y, ese mismo día, fue remitido través de una empresa de mensajería un dossier que contenía documentación referente a los expedientes de queja con respecto a los cuales se había solicitado previamente informe.