Ventajas de que la Diputación asuma la gestión del ciclo integral del agua

El vicepresidente segundo del área de Medio Ambiente, Economía y Familia y Bienestar Social, José Robles, ha mantenido durante esta semana una ronda de encuentros con alcaldes de las comarcas del Valle de Lecrín, la Alpujarra, Baza y Guadix para informarles acerca de las ventajas de la gestión supramunicipal del ciclo integral del agua de ser asumida por la Diputación Provincial. Una mayor calidad del servicio a un coste equilibrado “gracias a la aplicación de parámetros de economía de escala” beneficiarán, según los cálculos planteados por el vicepresidente Robles a los alcaldes, a un total de 132.000 habitantes de la provincia de Granada. 

José Robles ha explicado a los alcaldes y técnicos de estas comarcas los avances de los trabajos de la Diputación Provincial que ha constituido una comisión técnica que elaborará una memoria con la mejor fórmula para poder prestar el servicio del ciclo integral del agua a los municipios que lo soliciten. 

El estudio del ciclo integral del agua, que será presentado el próximo lunes a la comarca de Loja y el Poniente, ha incluido a 83 municipios y 6 Entidades Locales Autónomas (ELA) adheridos al protocolo impulsado por la Diputación Provincial en esta materia. Estas entidades locales dan cobertura a 85.000 abonados en un “servicio básico” que prestan los ayuntamientos distribuidos en las zonas de la capital y su Área Metropolitana, la Costa Tropical, y el resto de la provincia. 

Tal y como está diseñado el servicio en estos municipios, el déficit de su coste se estima en 3 millones de euros anuales que actualmente están asumiendo los ayuntamientos y “si somos capaces de poner en marcha este proyecto, haremos sostenible el servicio gracias a las economías de escala”, según la información facilitada por José Robles. 

La memoria que redacte la comisión técnica constituida será llevada posteriormente al pleno provincial para que la Corporación Provincial decida el mejor modelo de gestión el cual habrá de partir de la previsión de una inversión inicial de 9 millones de euros para los tres próximos años que hagan frente al déficit que tendrían que encarar los 83 ayuntamientos que, de este modo, verían asegurada la prestación del servicio “con las máximas garantías”. 

Esta inversión conllevaría además la rebaja de las sanciones que tendrían que pagar a la Junta de Andalucía por estar por debajo del porcentaje de aprovechamiento del agua que exige la normativa. Los 83 municipios adheridos al protocolo del ciclo integral del agua de la Diputación se expondrían actualmente a un incumplimiento de la norma pues aprovechan en torno a un 32 por ciento del agua mientras que la administración autonómica va a sancionar, conforme a un reglamento de próxima aprobación para la regulación de la ley de aguas, a todos aquellos que no aprovechen entre un 70 y un 80 por ciento.

 Las sanciones estarían en torno a 0,33 euros por metro cúbico si se exigiera el aprovechamiento de un 70 por ciento del agua y en torno a 0,38 euros por metro cúbico si se exigiera un 80 por ciento, según el sistema actual. La gestión provincial del ciclo integral del agua supondría una rebaja de estas cantidades a 0,03 euros por metro cúbico, en el caso de que la Junta exija el 70 por ciento, y a 0,07 euros por metro cúbico si se exigiera un 80 por ciento, según los datos aportados por el vicepresidente segundo que ha incidido en que el importe de estas cantidades “habría que pagarlo a la Junta de Andalucía se recaude o no” ante lo cual “adelantándonos a la modificación de la ley de régimen local, nosotros tenemos que articular la prestación de este servicio a los ayuntamientos”. 

El estudio de la Diputación sobre el ciclo de integral del agua advierte que hasta la fecha ha habido falta de especialización en los trabajadores municipales que se dedican a dar seguimiento a esta materia. Ello también podría ser solucionado si asumiera la Diputación o un organismo autónomo su gestión lo cual requeriría la prestación de servicios por parte de 62 trabajadores cualificados contando con los técnicos especializados de los ayuntamientos.