El Ayuntamiento de Órgiva ocultó a la Diputación el registro de demandantes de las viviendas de Visogsa

El vicepresidente segundo, José Robles, ha indicado que desde el equipo de Gobierno municipal “todo ha sido torpedear en esta promoción a la Diputación desde que cambiara su color político” 

La empresa provincial de vivienda y suelo (Visogsa) ha informado hoy acerca del estado de la promoción que tiene en Órgiva con veinte viviendas para alquiler con derecho a compra de las que se han ocupado cinco. El Ayuntamiento de Órgiva ocultó a la Diputación el registro de demandantes de estas viviendas protegidas, según ha explicado hoy el vicepresidente segundo, José Robles, que ha informado que, además, la Junta de Andalucía denegó el pasado 24 de junio la subvención de 72.000 euros que tenía que dar a Visogsa. La administración autonómica aún no ha dado la calificación definitiva de las VPO de Órgiva. 

Además, el Ayuntamiento notificó con retraso a Visogsa la licencia de primera ocupación el 3 de junio, superando el plazo de diez días en el que según la ley de procedimientos administrativos ha de ser notificada. Por ello, como consejero delegado de Visogsa, José Robles ha responsabilizado al “trabajo bajo cuerda” de la alcaldesa d Órgiva, María Ángeles Blanco, que la promoción de Visogsa en Órgiva no esté funcionando como las promociones de viviendas de la empresa provincial en Calahonda con 18 de las 22 viviendas ocupadas, y Granada, Ogíjares y La Zubia de 300, 84 y 50 viviendas respectivamente. 

“Órgiva no es diferente del resto de la provincia”, ha destacado Robles que ha criticado que desde el equipo de Gobierno municipal “todo ha sido torpedear al Gobierno de la Diputación en esta promoción desde que cambiara su color político”. 

El expediente de la promoción echa a andar en noviembre de 2009 con la calificación provisional de las viviendas. La construcción se demoró 18 meses y no un año, por encima de los 16 meses que era el plazo de adjudicación tramitado estando el PSOE al frente del Gobierno de la Diputación. Las obras acabadas en octubre de 2012 han tenido que contar con un centro de transformación a medio kilómetro de distancia, con 200.000 euros de coste extraordinario a cargo de Visogsa por el “capricho” y el “trabajo bajo cuerda” de la alcaldesa de Órgiva, María Ángeles Blanco, a la que el consejero delegado ha pedido que “cese de hacer oposición a la Diputación utilizando los impuestos de los vecinos de Órgiva”. 

“Nos consta que ella misma ahuyentaba a los posibles clientes porque decía que Visogsa tenía que bajar los precios” de las viviendas, ha señalado el vicepresidente segundo responsable del área de Medio Ambiente, Economía y Familia y Bienestar Social para quien “el colmo del cinismo es venir a criticar unos precios cuando es Visogsa, con el Gobierno del PSOE, la que hace el estudio de viabilidad y fija esos precios con el visto bueno de la alcaldesa”, ha añadido José Robles quien se ha detenido a rectificar todos los datos esgrimidos ayer por la alcaldesa de Órgiva en su comparecencia informativa junto con el diputado provincial socialista Manuel Gómez Vidal. A ambos dirigentes del PSOE los ha acusado de “no decir la verdad o decir verdades a medias a sabiendas”. 

A su vez, José Robles ha informado que llevará al consejo de administración de Visogsa, cuya convocatoria está promoviendo la oposición socialista, una propuesta para que la empresa asuma una bajada del 10 por ciento de los precios de las viviendas. “A su vez, y porque tiene las competencias, vamos a pedir que el Ayuntamiento también baje el diez por ciento correspondiente” con lo que la rebaja total sería de un 20 por ciento en estos precios, ha añadido Robles que ha exigido a la alcaldesa que “se ponga a trabajar con la Diputación y no frente a la Diputación”. 

“No sabe lo que quiere para sus vecinos, para su partido sí” convirtiéndose “en un ariete de su partido para hacer oposición a la Diputación de Granada” con “los impuestos de sus vecinos”, ha incidido Robles que ha recordado la postura de Blanco en oposición a la gestión provincial del tratamiento de residuos pese a que le está suponiendo un 12 por ciento menos de coste al municipio en cuyo centro de Servicios Sociales “tiene instaladas a la fuerza varias oficinas municipales cuando ya se le ha dicho desde la Diputación por activa y por pasiva que debe abandonar esas instalaciones para que sean calificadas por la Junta de Andalucía como centro de Servicios Sociales de la Diputación de Granada”.