“CONTRATO EXPRES” DE 400 MILLONES DE EUROS EN LA MANCOMUNIDAD por Convergencia Andaluza de Almuñécar

En unos tiempos en que la ciudadanía no termina de salir de su asombro ante los graves y reiterados escándalos de financiación irregular de los partidos políticos ligada a las concesiones de servicios por las  administraciones públicas, es verdaderamente sorprendente que el PP lleve mañana a la Junta General de la Mancomunidad una propuesta para ampliar en 25 años más la concesión de la gestión de los servicios de agua, saneamiento y depuración a la empresa de Aguas y Servicios, en un procedimiento precipitado y bordeando la legalidad para evitar el preceptivo dictamen del Consejo Consultivo y el concurso público. 

Un tema de tan gran envergadura y trascendencia para los ciudadanos, al afectar a un servicio básico, se convoca precipitadamente en el mes de agosto, con unos expedientes incompletos, sin aportarnos a los grupos políticos la información solicitada, con unos  informes ambiguos y atropellando los plazos y procedimientos. 

Las irregularidades son la pauta de todo el expediente y lo vician gravemente. 

Los propios servicios técnicos de Mancomunidad resaltan en su informe que “la auditoría externa de la empresa Aguas y Servicios, contratada por Mancomunidad, no está finalizada” y, al mismo tiempo, un  año más “encuentran desajustes en la contabilidad de la empresa concesionaria”, como siempre, favorables a la misma. 

La pretendida justificación dada por el Presidente para evitar el concurso público es la “necesidad de renovar las redes en baja de los municipios y garantizar la recogida y evacuación de aguas pluviales en diversas zonas”, no cumple ni de lejos con el informe de la secretaría general que manifiesta que “la ampliación de la concesión solo será posible si responde a necesidades nuevas o causas imprevistas”, circunstancia ésta que no se cumple. 

La propuesta del PP pretende justificarse en que la única solución factible para adelantar la financiación de las inversiones contempladas en el Canon de mejora, por importe de 40 millones de euros, es ampliar el plazo de concesión a la empresa Aguas y Servicios como medio para restablecer el equilibrio económico financiero. Esta justificación es incongruente si tenemos en cuenta que en el propio expediente se recoge que “dicho Canon tiene una naturaleza económico financiera totalmente distinta de la explotación del servicio mancomunado de agua, saneamiento y depuración, por lo que su régimen contable es independiente y separado del servicio”. 

El dictamen realizado por el catedrático de Derecho Administrativo, Sr. Jiménez de Cisneros, basa sus conclusiones en la afirmación de que “al parecer la modificación del contrato no va a incidir sobre el precio final del recibo que van a pagar los usuarios”. En base a criterio tan subjetivo, evita el trámite preceptivo del dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía y justifica la ampliación, sin tener para nada en cuenta que no solo existe el parámetro del coste del recibo para los usuarios, sino también el importante incremento del coste global que va a suponer la ampliación de la concesión y las nuevas cláusulas introducidas en el contrato durante el período de vigencia del mismo. 

Sin conocer la situación real de la explotación del servicio, al no haberse finalizado la auditoría externa; sin haber realizado y aprobado la revisión de tarifas que incluyen un nuevo Canon concesional de 20.800.000 euros, a pagar por los contribuyentes; sin haberse aprobado por la Junta de Andalucía las modificaciones en el Canon de mejora; sin acuerdo previo de los municipios integrados en el Ciclo integral del agua; sin esperar a que finalice la concesión con la empresa adjudicataria a la que todavía le quedan ocho años de contrato; sin que a la empresa concesionaria se le obligue a garantizar sus obligaciones contractuales; sin permitir la libre concurrencia empresarial a la hora de ejecutar las obras por importe de 40 millones de euros incluidas en el Canon de mejora; sin control previo alguno sobre los costes de ejecución de dichas inversiones por la empresa Aguas y Servicios a quien se le da la exclusividad…, todo un cúmulo de condicionantes absolutamente desfavorables para el interés público y extremadamente beneficiosas para Aguas y Servicios de la Costa Tropical. 

El trágala que supone esta ampliación irregular de la concesión, que supondrá un importante aumento de los costes reales de estos servicios básicos y que repercutirán sobre el contribuyente, es “el compromiso de adelantar a los ayuntamientos los 20.800.000 correspondientes al nuevo Canon concesional que va a gravar los recibos”. 

Eso sí, las cantidades adelantadas tendrán que devolverse con un coste añadido del 21% , suma del 8% de interés aplicado y del 13% del “Coeficiente de paso” que aplica la empresa al incluirse estas cuantías en la cuenta de explotación. 

Los regidores municipales deberían de poner en un platillo de la balanza sus necesidades de encontrar financiación extra para sus ayuntamientos, y en otro el importante sobrecoste con el que se va a gravar a sus vecinos por la prestación de un servicio tan esencial. 

Salvo que haya razones ocultas ajenas al interés público, la propuesta que pretende aprobar el PP es, sencillamente, escandalosa.