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EL PP Y EL CATASTRAZO por María Dolores Fernández Cordero

EL PP Y EL CATASTRAZO por María Dolores Fernández Cordero

Cuando la crisis inmobiliaria ha hecho que la mayoría de los inmuebles hayan perdido un valor entre el 30 al 60%, incomprensiblemente el gobierno de la nación nos anuncia, por vía de los presupuestos del estado para 2014 un “CATASTRAZO”. 

Según el anteproyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, hecho público, el Ministerio de Hacienda tiene previsto revisar el valor catastral de 570.000 inmuebles durante 2014.

Los ciudadanos nos hemos enterado por la prensa, que según consta en el programa de Gestión del Catastro Inmobiliario del Ministerio de Hacienda y Administraciones Territoriales, el departamento de Cristóbal Montoro prevé “la elaboración y aprobación de ponencias de valores (totales o parciales) que afectarán a 570.000 bienes inmuebles urbanos y de características especiales en diferentes municipios, según los planes de trabajo inicialmente previstos”. Esta modificación podría implicar una subida en la tasación de las viviendas y por consiguiente, subida en los impuestos. No solo en el IBI, sino en todos los tributos que fijan sus cuotas en base a los valores catastrales.

 Desde Convergencia asistimos perplejos a cómo desde el gobierno se prevé una revisión al alza de los valores de los inmuebles, cuando en los últimos 5 años es una realidad probada que el valor de los mismos se ha ido depreciando.

Ante ello, volvemos a insistir que lo procedente por justicia fiscal, es que los valores que sirven de base al impuesto de bienes inmuebles (IBI) deben recoger la rebaja de un mínimo del 30% en su valor, por motivo de la crisis en los últimos años.

Actualmente pagamos un IBI en Motril con valores irreales e inflados, y por tanto, excesivo. Si a eso añadimos que las bonificaciones previstas están mal planificadas y distribuidas, concluimos que estamos pagando un IBI abusivo e injusto.

Desde Convergencia, por tercera vez ya, hacemos un llamamiento a la Sra. Alcaldesa y a su equipo de gobierno, para que, echando mano de los instrumentos legales disponibles y viables, procedan a una revisión de los valores catastrales de nuestro municipio y los adapten a la realidad actual.

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