El Ayuntamiento de Almuñécar considera perjudicial para los intereses del municipio sexitano el Plan del Litoral

El Ayuntamiento de Almuñécar considera,  a partir de una serie de consideraciones expuestas y argumentadas con una amplia documentación donde concluye que  el actual documento del Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía  es “perjudicial para los intereses del municipio y, en consecuencia,  no puede prestar su acuerdo al mismo”. 

            Así lo acordó en pleno extraordinario,  con los votos del PP- PA, PSOE y CA y tan solo el voto en contra de IU.  La sesión,  que fue solicitada por el grupo de CA y convocada por la alcaldesa, Trinidad Herrera, precisamente contó con la ausencia de dos ediles de CA. 

            Y es que, a pesar de un largo debate de todos los grupos municipales, desde el Consistorio sexitano se considera necesario que el Plan del Litoral “no venga a superponerse de manera incoherente con los planes subregionales de Ordenación del Territorio, sino que adopte la forma de modificación de los mismos, en casos necesarios. Ello en pro de una mejor comprensión del territorio y, en consecuencia, de producir soluciones específicas más acordes con la diversidad del Litoral de Andalucía y de la consecución de un marco coherente, estable y de seguridad jurídica”. 

            Como consecuencia de lo expuesto anteriormente la mayoría de  se pide que “se reconsidere el ámbito en que el Plan se desarrolla,  ya que resulta arbitrario, alejado de la compresión de la naturaleza del territorio globalmente considerado, y tiende a producir situaciones paradójicas al introducir una línea imaginaria que, en sí mismo, nada significa. Para ello, se propone que las determinaciones que pudieran ser necesarias se integren en el marco de los planes subregionales”. 

            También se señala que, para que lo anterior sea posible, “se proceda, en caso necesario, a una reinterpretación del Decreto-Ley 5 / 2012 de 27 de noviembre, del que el Plan trae origen”, señala el acuerdo. 

            Por otro lado,  se  demanda que  se consideren “los problemas y necesidades de casa municipio y, en particular de Almuñécar, en cuanto a la mejora de la ciudades y núcleos habitados y de las condiciones de vida de sus habitantes, de acuerdo a las consideraciones efectuadas en esta alegación y en aplicación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y del Plan de Ordenación del Territorial de Andalucía”, dice. 

            En particular, el Ayuntamiento de Almuñécar considera que “las determinaciones de protección que contiene el Documento a que se alega, no permiten atender a los problemas y necesidades del municipio y hace inviable la innovación del Plan General de 1987, reduciendo la actividad de planificación urbanística a modificaciones puntuales oportunistas sin la  capacidad de producir una mejora del modelo”, subraya el acuerdo.

En una segunda sesión plenario extraordinaria, también celebrada a petición del grupo de CA  y convocada por el secretario municipal, fue rechazada la petición que realizaban los convergentes, para que el Ayuntamiento almuñequero presentará un recurso contencioso administrativo, elaborado por los servicios jurídicos municipales, contra el acuerdo, adoptado el pasado 20 de septiembre, por  la junta general de la Mancomunidad de la Costa Tropical de Granada, “que aprobó la creación de una ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de los servicios vinculados al ciclo integral del agua, junto con un nuevo canon concesional de 20,8 millones de euros, a  repercutir en los usuarios del servicio”, decía la propuesta. 

            Además, en un segundo punto, de recurrir  la aprobación de las  “ampliación del plazo concesional a la empresa Aguas y Servicios, que entendemos lesivo a los intereses del Ayuntamiento”, señalaba. 

            Sendas peticiones fueron votadas por separado, a petición del CA, y ambos fueron rechazados con los votos del PP, PA y PSOE y el voto en contra de CA e IU. 

            Y es que, entre otros muchos  argumentos expuestos durante el debate de los portavoces para el rechazo, lo recogía un informe de la asesoría jurídica en la que señalaba que el Consistorio no era legitimado para tal acuerdo. 

            Precisamente, gracias a este acuerdo el Ayuntamiento sexitano percibirá  6,7 millones de euros para inversiones y eso permitirá crear puestos de trabajo a través de  mejoras en infraestructuras municipales, según manifestó la alcaldesa, Trinidad Herrera.