Moción de IU Motril contra la privatización tratamiento residuos urbanos

La formación de izquierdas ha presentado una moción encaminada a luchar contra la privatización del servicio de recogida de basura y de la subida que sufrirán nuestros recibos en el 2014, como consecuencia del proceso de iniciado por la Diputación Provincial de Granada para la transformación y privatización del actual sistema de gestión de los residuos urbanos en la provincia que suponen un retroceso en la gestión y un encarecimiento en su prestación.

Según palabras del portavoz de la formación, Felipe Villa,  “El programa tal y como se ha planteado, vulnera las competencias municipales en materia de recogida de residuos urbanos. Ya que el modelo propuesto por la Diputación de Granada afecta directamente al modo en que los municipios prestan el servicio de recogida, interfiriendo en sus competencias y en la planificación del servicio. Unos cambios sustanciales tanto en los medios necesarios como en los costes de prestación de estos servicios, aspectos que no pueden ser decididos unilateralmente por la Diputación de Granada ya que inciden sobre las competencias y los presupuestos municipales”.

El portavoz además ha manifestado que el procedimiento ha adolecido de la necesaria participación de la sociedad y de los actores implicados: “Ha restringido el plazo de exposición pública, ha obviado a los ciudadanos y ha pretendido aprobarse en el mayor de los oscurantismos. Por lo que además de profundamente antidemocrática, esta decisión incumple las recomendaciones incluidas en cualquier manual o disposición que trate sobre la gestión de residuos y muy especialmente los que afectan a los procesos de recogida selectiva. Un cambio de la profundidad y extensión como el que supone el propuesto no puede establecerse sin la obligada participación son los ciudadanos, las empresas y las administraciones locales”.

Llegados a este punto, Villa ha matizado que “si bien corresponde a la Diputación la determinación de la forma de prestación de los servicios esta debe realizarse de la forma que sea más adecuada a los intereses públicos, orientando su actuación a los principios de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos”.

“Pues bien, del análisis de la información aportada en la Memoria para la prestación de los Servicios de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos o Municipales, Recogida y Limpieza viaria de la Provincia de Granada se deduce de forma clara, frente al criterio mantenido por el PP, que la forma más adecuada al interés público para la gestión de este servicio es la gestión directa dadas sus evidentes ventajas en términos de eficacia, eficiencia, coste y beneficios sociales y ambientales.  Así, frente a los casi 200 millones de euros que costará la contrata por 15 años en la opción de privatización del servicio, la gestión pública, solo con eliminar el IVA  (8%) y los beneficios industriales reconocidos (7,5%) supondrá un ahorro para las arcas públicas del orden de 1.627.900 € anuales, algo más de 24 millones de € en  15 años de concesión”.

Para la formación de izquierdas la ordenanza fiscal provincial reguladora de la tasa por la prestación del servicio de tratamiento de residuos municipales de la provincia de Granada incumple criterios básicos de justicia e igualdad, de asignación del principio “Quién contamina  paga” y de incorporación de costes no imputables a la misma. “Ya que la Ordenanza  hace recaer sobre las rentas más bajas el peso del coste del sistema bajo una apariencia de progresividad, incumpliendo el criterio de pago por un servicio efectivamente  prestado. Ejemplo de esto es que los pequeños empresarios,  el autónomo, pagarán prácticamente lo mismo que las grandes superficies, los grandes hoteles”.

“Por todo esto hemos presentado una Moción para que el Ayuntamiento inste a la Diputación Provincial de Granada a: La retirada del Programa Provincial de Residuos y el inicio de un proceso consensuado de elaboración con la participación de todos los actores implicados. Así como a la paralización del proceso de privatización del servicio e iniciar el procedimiento de gestión directa, dada sus evidentes ventajas para el interés público en términos de eficacia, eficiencia, coste y beneficios sociales y ambientales, y para la modificación de la tasa provincial por la prestación del servicio.