UPA y COAG catalogan la factura eléctrica como la más alta de la historia para el campo

 UPA-Andalucía y COAG Andalucía denuncian que en el año que concluye la factura eléctrica del sector agrario puede alcanzar los 400 millones de euros. De ellos, unos 165 corresponden al regadío. La liberalización  del mercado eléctrico, en julio de 2008, trajo consigo la desaparición de las tarifas especiales para el riego y provocó el encarecimiento vertiginoso de la factura eléctrica, de un 67% respecto al año anterior. Los regantes que pudieron pasar al mercado libre sufrieron el incremento de precio, pero los que no pudieron hacerlo sufrieron además penalizaciones importantes. 

Las últimas modificaciones introducidas en la normativa en el pasado mes de agosto incrementan el precio del término de potencia en más de un 150% para las tarifas de acceso en baja tensión y entre un 115% y un 125% para las de alta tensión. Si bien el término de energía se reduce, hay que destacar que la estacionalidad en el consumo eléctrico por parte de los regantes se traducirá en un beneficio ínfimo por este concepto, mientras que el término fijo de potencia gravará notablemente todas las facturas. El término de potencia supone entre un 25 y un 40% del total de la factura durante la campaña de riego, porcentaje que se dispara durante el resto de meses del año. Hay que tener en cuenta que se riega solo cinco meses y que, sin embargo, los regantes pagan el término de potencia durante todo el año, lo que representa un considerable perjuicio económico y un auténtico agravio. 

La subida del IVA, que ha pasado del 16 al 21%, también ha contribuido a encarecer la factura de los regantes entre 3.500 y 13.100 €/año en función de la potencia contratada. 

Entre 2004 y 2013, el incremento del coste de la electricidad que acumulan los regantes es de casi un 260%. 

Por su parte, la agroindustria puede pagar este año unos 155 millones de euros en concepto de factura eléctrica, lo que supone un incremento del 71% con respecto a 2008 (antes de la liberalización). En este sentido, también se da la circunstancia de que las cooperativas y almazaras funcionan durante cuatro meses y que, sin embargo, pagan todo el año en término de potencia, incrementando sustancialmente sus costes reales. 

Para el resto del sector agrario, excluido el regadío (invernaderos y sectores ganaderos, fundamentalmente) la factura superará los 55 millones de euros en 2013, frente a los 33 que pagó en 2008 (antes de la liberalización). 

COAG Andalucía y UPA Andalucía consideran que estos incrementos son excesivos, y reclaman una política energética que no se limite a repartir deuda entre los usuarios. Tenemos un mercado energético marcado por el oligopolio en la generación y una alta dependencia del exterior para conseguir la energía necesaria. Sin embargo, no sólo se actúa mal sobre la parte regulada de la factura eléctrica: la gestión de la parte no regulada es aún peor, ya que el gobierno en lugar de promover el autoconsumo, que permitiría elevar la competitividad de nuestros regadíos, ha optado por limitarlo.   

Por todo ello, ambas organizaciones reclaman que la reducción de costes eléctricos sea considerada como una cuestión estratégica que es necesario resolver si queremos que nuestra actividad agraria siga siendo líder y una de las fortalezas que contribuya a sacarnos de la situación de crisis económica.   

Ambas organizaciones recuerdan que el sector agrario soporta unos costes de producción cada vez mayores, debido al porcentaje creciente que los consumos intermedios y las amortizaciones de las inversiones representan sobre una renta agraria que se mantiene en niveles de hace una década. Mientras, en España, los costes de producción fueron en 2011 más elevados que en los 5 anteriores, destacando el encarecimiento con respecto a 2010 de las partidas de energía y lubricantes (18%), la de fertilizantes y enmiendas (21%) y la de los piensos (16,5%).

En el caso de Andalucía, la tendencia en el gasto en energía y lubricantes también es alcista: sólo entre 2005 y 2011 sufrió un incremento del 58%. Entre 2003 y 2012, los consumos intermedios pasaron de 2333 a 3270 millones de euros. 

Por lo que respecta a las inversiones en modernización de regadíos ascienden a casi 2300 millones.