La Ley de la Reforma Local obliga a tres concejales (PSOE) de Salobreña a renunciar de su sueldo

El Ayuntamiento de Salobreña, en cumplimiento de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local impulsada por el PP, ha debido eliminar la dedicación exclusiva de tres concejales,  lo que les impedirá ejercer plenamente sus funciones debido a la incompatibilidad con sus respectivas profesiones por la falta de disponibilidad horaria para ejercer las delegaciones asignadas. 

Mª José Garcia, concejal de igualdad, servicios sociales y comercio, Irene Justo, turismo y La Caleta, además de Javier  Ortega que era hasta hoy responsable de mantenimiento y obras, deportes y cementerios, aceptaban voluntariamente esta medida que el gobierno salobreñero ha debido cumplir por exigencia de la citada Ley, y según las tablas establecidas de concejales liberados en función del número de habitantes. 

“Los ediles han tomado esta decisión voluntariamente después de varias reuniones del equipo de gobierno, en un ejercicio de responsabilidad que les honra, aseguraba el alcalde de la Villa, Gonzalo Fernández Pulido, quién añadía que continuarán como concejales  de este gobierno, trabajando para la Institución y para el proyecto socialista con el que se presentaron a las últimas elecciones”. 

El Alcalde, que anunciaba para los próximos días una remodelación completa de todas  las áreas para adaptarse a los cambios surgidos, arremetía duramente contra esta Ley de la  reforma de la Administración Local ya supone “una invasión por parte del Estado en las competencias municipales, un ataque frontal a la autonomía local y un recorte severo de las competencias de los ayuntamientos”.

Pero sobre todo, decía, “supone un retroceso en la misma base de la democracia,  volviendo  al provincianismo, donde solo unos pocos, los pudientes ,  podían dedicarse a la política, relegando a los trabajadores a un segundo plano”. 

Pulido por último ha mostrado su indignación por la política del PP de "atacar y desmantelar a los ayuntamientos" y ha insistido en que se trata de "una Ley chapucera, cuyo objetivo es acabar con el Estado del Bienestar, abriendo la puerta de la gestión pública al sector privado”.