¿Y LA DEMOLICIÓN DEL HOTEL PICADILLY? por el PA de Almuñécar

El hotel Picadilly, promovido por el padre de la Concejala del PP, María del Mar Medina, cuenta con una orden de  demolición por sentencia firme, que sigue sin ejecutarse.

El gobierno municipal que en este caso, y por presuntas pero evidentes razones de afinidad política y familiar, está utilizando una premeditada estrategia dilatoria para evitar la demolición.

La Junta de Gobierno de fecha 16 de abril de 2013, adoptó un escandaloso acuerdo consistente en “suspender el procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística”, en base al argumento de que “se hace preciso emitir informes nuevos técnicos y jurídicos después del proyecto de demolición presentado por el Sr. Medina Cano”.

Y a pesar de lo acordado, y de haberse dictado una nueva sentencia del TSJA, concretamente el 3 de junio de 2013 que ha sido confirmatoria de la irregularidad, y a la que unilateralmente el gobierno ligó la demolición, utilizándola como argucia dilatoria más, el Ayuntamiento incumpliendo su propio acuerdo sigue sin ejecutar subsidiariamente una demolición a lo que está obligado por ley. 

Entre tanto, el promotor denunció al Ayuntamiento, solicitando una indemnización de 4 millones de euros, por considerarse perjudicado al haber obtenido una licencia de obras en el año 2002, concedida por el entonces también gobierno del PP, y al que ya pertenecía la Sra. Herrera, y que sin embargo por los excesos de la propia licencia que no cumplía la ordenanza vigente, habían supuesto la paralización de la obra. La sentencia dictada este mismo mes en primera instancia desestima la indemnización solicitada por el promotor, basándose precisamente en la falta de ejecución de la demolición.

La conclusión a día de hoy, y como hecho constatable, es que a pesar de la existencia de una sentencia firme que obliga a la demolición de dos plantas del edificio, por exceder la norma, esta no se ha producido, ni por el promotor, ni por el Ayuntamiento subsidiariamente, y a pesar de ser una situación conocida por los concejales que apoyaron a este gobierno, ni Izquierda Unida, tan defensora de la legalidad urbanística (parece ser que de forma selectiva), ha dicho esta boca es mía, ni la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha movido un solo dedo para garantizar la restitución de la legalidad urbanística vigente. 

No es de extrañar, la poca fe de los ciudadanos en el sistema, cuando éste desde sus propias instituciones tapa  continua y descaradamente las irregularidades cometidas por las grandes franquicias políticas que ejercen tareas de gobierno, es decir PP en el estado español, y PSOE e IU en nuestra querida Andalucía, “gurteles” y “eres” incluidos.