Un millar de vecinos de la Costa Tropical espera la resolución de la Junta para acceder a las ayudas de la Ley de Dependencia

El portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía, Carlos Rojas, la vicesecretaria de política Social e Igualdad del PP Andaluz, Ana Vanessa García, la vicepresidenta del PP local y alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, y la vicesecretaria general de los populares motrileños, Ángeles López Cano y la concejala de Asuntos Sociales de Almuñécar, María del Carmen Reinoso, han ofrecido los datos sobre los expedientes de valoración de la ley de Dependencia que la Junta de Andalucía tiene pendientes de resolver en la comarca. 

Rojas ha lamentado que solo entre las dos poblaciones con mayor número de habitantes de la Costa Tropical, Almuñécar y Motril, sumen 804 casos en esta situación de espera, “además, algunas personas llevan hasta dos años esperando a ser valoradas”. 

Por este motivo, que provoca una situación similar en el resto de la región, el grupo parlamentario popular va a presentar una iniciativa en el Parlamento para que “los dos partidos que gobiernan en la Junta, IU y PSOE, demuestren si la asistencia social de verdad es una prioridad”. 

La paralización de los expedientes de dependencia por parte de la Junta está provocando que los ayuntamientos, a través de la ayuda a domicilio municipal, asuman la atención de esos usuarios que quedan desatendidos por la desidia del gobierno de Susana Díaz. 

La vicepresidenta del PP local y alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha resaltado que los ayuntamientos están al día en su responsabilidad con la parte administrativa que les corresponde, la redacción de los proyectos individuales de atención, (PIA), que es el informe que se remite a la Junta para que valoren cada caso. 

Una vez remitido el PIA es cuando “los papeles se pierden por los despachos, porque algunas personas, con situaciones realmente graves, están esperando hasta dos años porque la Junta mantiene paralizados los expedientes”, ha asegurado García Chamorro. 

Asimismo, cuando la Junta por fin concede los recursos, la ayuda no llega hasta en un 80 % de los casos, lo que provoca falsas expectativas entre las personas dependientes, que creen que van a recibir la atención que precisan y que les corresponde por ley. 

Como paradigma de esta desidia, García Chamorro ha puesto el ejemplo de Motril, donde hay 310 resoluciones con recursos concedidos en distintos niveles como ayuda a domicilio, centro de día, residencias, teleasistencia o prestación económica,“sin embargo de esos 300 sólo se han puesto en marcha 90 que en algunos casos llevaban desde 2010 esperando la ayuda”. 

En este sentido, la vicesecretaria de política Social e Igualdad del PP Andaluz, Ana Vanessa García, ha alertado de que la Junta tiene paralizada la Ley de Dependencia desde 2012, año en el que había 190.000 andaluces que percibían algún tipo de ayuda, mientras que al año siguiente la perdieron 26.000 personas y no se repuso ni las plazas de las personas que habían fallecido. 

García ha recordado que mientras que en España la aplicación de la ley de Dependencia ha aumentado un 2 %, en Andalucía ha descendido un 14 %. Este recorte, tiene uno de los ejemplos principales en nuestra provincia. En la actualidad hay 5.500 expedientes “durmiendo en los cajones”, mientras que otras 5.000 personas a pesar de tener su situación de dependencia reconocida por la Junta, aún no han comenzando a percibir la ayuda que les corresponde”. 

La vicesecretaria de política Social e Igualdad del PP Andaluz ha declarado que en 2013 la Junta de Andalucía solo resolvió un expediente de dependencia. García ha recordado que la Ley de Dependencia genera empleo, por lo que si se estuviera desarrollando con normalidad, Andalucía no sería la región con más paro de Europa. 

García ha incidido en que los ayuntamientos y las diputaciones están ofreciendo los servicios sociales que deja de prestar la Junta, así, se estima que solo en la provincia de Granada, el gobierno regional debe 7 millones de euros a estas instituciones, mientras que en Andalucía las deudas en políticas sociales con los Ayuntamientos superan los 600 millones de euros. 

Para la vicesecretaria de política Social e Igualdad del PP Andaluz, la situación más alarmante es la que va a generar la Junta al recortar “de forma drástica” el concierto de plazas en residencias de mayores. Así, de las 17.000 plazas concertadas que existen en nuestra región, el recorte afectará al 92 % lo que condena a las residencias a la privatización o al cierre al no poder asumir los gastos. 

En este sentido, García ha subrayado que en Andalucía hay 50.000 personas esperando una plaza concertada para entrar en una residencia de mayores, mientras que hay 4.000 plazas libres en las residencias, por lo que ha aconsejado a la presidenta regional, Susana Díaz, que priorice su presupuesto de 30.000 millones de euros en atender los servicios sociales básicos de Andalucía. 

Los populares han pedido al gobierno de la Junta de Andalucía que tenga en consideración las necesidades de las personas dependientes y aparquen las luchas internas entre IU y PSOE, abandonen la confrontación, la demagogia y la mentira que no conduce a ningún sitio.