Stop Desahucios Motril emplaza a la consejera de Vivienda a que se implique más en defensa del pueblo

Miembros de la plataforma Stop Desahucios Granada y Motril y de la Plataforma Contra el Abuso de las Clausulas Suelo de Vegas de Genil, mantuvieron el pasado jueves por la tarde en la capital granadina una reunión con la consejera de vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortes, para transmitirle la urgente necesidad de atender y dar soluciones al más de medio centenar de desahucios que se producen diariamente en la comunidad andaluza.

Al mismo tiempo se le transmitía que aunque la Ley de la Función Social,  supone un avance, no es la solución para acabar con el drama de los desahucios. Igualmente Stop Desahucios Granada interpelaba a la consejera sobre la fórmula que ésta pudiera tener para acabar con los desahucios.

A estas preguntas formuladas por Stop Desahucios Granada 15 M no pudo, ni supo, responder la consejera. La responsable de la vivienda en Andalucía se aferra tan solo a la Ley de la Función Social, que en absoluto da respuesta a la dramática situación que sufren los desahuciados. Tan solo aportaba  el hecho de que se iba a iniciar un plan de rehabilitación deviviendas que, como es evidente, no constituye una solución válida para los que cada día sufren el lanzamiento de sus hogares. 

Respecto a si existen viviendas vacías propiedad de la consejería en la provincia de Granada, la consejera respondió que tan solo existían en la localidad de Loja.

Por otro lado el portavoz de Stop Desahucios, Antonio Redondo, emplazó a la responsable de Vivienda a que en poco tiempo se siente con los movimientos sociales para hacer un análisis sobre las políticas que ha llevado a cabo la Consejería de Vivienda y si existe voluntad de buscar, entre todos, soluciones al drama de los desahucios y no pase como en la anterior ley que no tubo la participacion de los movimientos. 

SOBRE SUMINISTROS BÁSICOS

Respecto al candente tema de los suministros básicos, los miembros de Stop Desahucios Granada recalcaron la necesidad de decretar cuanto antes y con carácter de urgencia un mínimo vital de abastecimiento a las familias; y al mismo tiempo la necesidad de abrir el debate a la ciudadanía para recoger las propuestas de los ciudadanos e incorporarlas a una Ley que contuviera la esencia de las peticiones y necesidades del pueblo andaluz, abriendo la participacion ciudadana a la elavoracion de esa nueva ley.

LA EMERGENCIA HABITACIONAL

En torno al discutido tema de si se debe declarar en Andalucía el Estado de Emergencia Habitacional, asunto este en el que existen evidentes desacuerdos entre la Junta de Andalucía y los movimientos sociales, el portavoz de la plataforma Stop Desahucios rechazó el argumento de la consejera de que una situación de Emergencia Habitacional implicaría llevar al ejercito a las calles, cuestión esta con la que no estaban de acuerdo los movimientos sociales representados en la reunión, quienes argumentan que, salvo casos muy excepcionales, nunca vieron al ejercito cuando se produjo un incendio o una catástrofe natural.

Stop Desahucios Granada 15 M emplazó a la consejera a abrir el debate a nivel andaluz sobre el tema, convocando a colectivos sociales y representantes institucionales –Judicatura, Universidad, Cruz Roja y otras organizaciones asistenciales, ONGs, agencias de consumo, etc -, para decidir entre todos sobre lo que se debe hacer para dar solución al drama habitacional. “ Esa sería la herramienta más valida y eficaz con que contaría la Junta de Andalucía para parar los desahucios”, argumenta Antonio Redondo.

SOBRE LAS VPO

Otra cuestión que se trató en la reunión con la consejera fue en torno al tema de las viviendas de VPO que están “en manos” de entidades financieras y promotores privados. Por parte de Stop Desahucios se argumentó que la Consejería de Vivienda debería forzar a estos bancos y promotores a que pongan esas viviendas a disposición de los ciudadanos mediante alquileres asequibles, dado que han sido financiadas en gran parte con dinero público.

UN INCREMENTO DE PATRIMONIO INJUSTO

La última cuestión que se abordó con Elena Cortes trató sobre la injusta aplicación del impuesto por incremento patrimonial que la Junta está cobrando a familias que están entregando o han perdido su vivienda mediante la dación en pago. Según argumentan los miembros de Stop Desahucios, “…. ya es suficiente drama para estas familias perder su hogar y tratar de quedar libres de deuda, como para que se les sume también la exigencia del Gobierno andaluz pretendiendo cobrarles un incremento patrimonial que nunca ha existido y que no contempla la Ley, e incluso que podría ser ilegal, ya que ellos no hanvisto aumentar su patrimonio, sino al contrario han perdido el único bien material que tenían, su propia casa.