"Impunidad urbanística" por la Asociación Ecologista Buxus

El gobierno del PP en Motril ha sacado adelante una batería de modificaciones del actual Plan General de Ordenación Urbana que supone, de hecho, la supresión de los mecanismos de control existentes  sobre las construcciones e instalaciones en el medio rural y natural del municipio a la vez que permite  la legalización de las ya existentes. Un auténtico terremoto que va a significar la desestructuración del territorio municipal contra el que la Asociación Buxus ha presentado alegaciones. 

A partir de ahora podrá implantarse cualquier actividad en cualquier punto del municipio mediante la flexibilización del mecanismo de Declaración de Utilidad Pública, un subterfugio legal de carácter excepcional del que el ayuntamiento viene abusando para la implantación de actividades tan variopintas como pistas de pádel o plantas de tratamiento de escombros, mientras los suelos destinados a equipamientos o actividades industriales permanecen sin desarrollar. No obstante, nos tememos que el verdadero objeto de la norma es abrir la puerta a la legalización de los talleres, aparcamientos y almacenes ilegales situados en la vega de Motril y que con la actual norma es imposible regularizar. En la misma línea se ha modificado la normativa para evitar la disciplina urbanística contra los invernaderos construidos en suelos no permitidos. 

Como ya viene siendo habitual, el ayuntamiento premia a los infractores y penaliza a los ciudadanos que, cumpliendo la ley, han desarrollado sus actividades y sus negocios en los suelos habilitados para ello, pagando precios e impuestos muy superiores a estos.  

La segunda parte de la norma amplia la zona donde se permite la construcción de invernaderos en algo más de 6 millones de m2, cuando en este momento hay clasificados y sin ocupar otros 6 millones de m2 y sin que exista una demanda que obligue a este cambio, especialmente cuando se ocupan suelos protegidos por los planes comarcales y andaluces debido a las elevadas pendientes o por razones paisajísticas. 

Además podrá construirse en cualquier parcela, con independencia de su tamaño, edificaciones de hasta 250 m2 con destino a almacén, incluso antes de que la explotación agraria comience a realizarse. 

Por si todo esto fuese poco, se destruyen 20.000m2 de nuestra mermada vega para implantar una zona comercial junto a Alcampo, cuando el propio ayuntamiento reconoce que existen más de 200.000m2 de suelos comerciales sin ocupar en nuestro municipio. 

En suma, un cambio radical en la protección del medio ambiente motrileño, objeto ya de atentados continuados en forma de vertidos, escombros, residuos y construcción ilegal que queda absolutamente desamparado ante este nuevo envite. Un cambio que recompensa a quienes han infringido las normas y han dañado nuestro entorno y que supondrá un boyante negocio para los propietarios de los suelos afectados. Y todo esto sin ninguna justificación más allá de la electoralista, de la intención de ganar un puñado de votos en las próximas elecciones municipales a costa del patrimonio común de todos los motrileños.