El PSOE anuncia una moción para regularizar las edificaciones ilegales y advierte del peligro de los recortes en la lucha contra la violencia de género

Los socialistas pedirán este viernes el apoyo de la Corporación a la modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre (LOUA) para regularizar las edificaciones ilegales construidas en suelos no urbanizables para las que hayan prescrito las acciones disciplinarias y estén ubicadas en parcelaciones que no constituyan asentamientos urbanísticos. Desde el PSOE, según ha anunciado su portavoz, Flor Almón, también volverán a colocar la lucha contra la violencia en el primer lugar de la agenda política ya que exigirán que se restituya el sistema de protección para las mujeres víctimas y todos los recursos y medidas que se han ido desmantelando en los últimos años. 

Almón ha comentado que el PSOE pretende instar a los Grupos políticos a que respalden unánimemente este cambio legislativo que supondría la regularización de miles de edificaciones de Andalucía. La portavoz socialista ha recordado que el pasado 17 de septiembre de 2014, la Presidenta de la Junta de Andalucía anunció durante el Debate del Estado de la Comunidad la modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre (LOUA) para facilitar la regularización de edificaciones en parcelaciones urbanísticas. 

La modificación de la LOUA planteada por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía tiene por objeto regularizar las edificaciones ilegales construidas en suelos no urbanizables para las que hayan prescrito las acciones disciplinarias y estén ubicadas en parcelaciones que no constituyan asentamientos urbanísticos. Se trata de un paso adelante en el camino iniciado con el Decreto 2/2012. 

El Decreto 2/2012 vino a clarificar las distintas situaciones en las que se encuentran las edificaciones en suelo no urbanizable y, especialmente, a regular la figura del “asimilado al fuera de ordenación” (AFO), aplicable a aquellas edificaciones ilegales que no pueden ser demolidas por haber transcurrido el plazo para el ejercicio de acciones de protección de la legalidad urbanística (seis años), siempre que no se encuentren ubicadas en suelos protegidos o con riesgos. 

Sin embargo, cuando las edificaciones se ubican en una parcelación urbanística en suelo no urbanizable, el problema se complica, ya que, con la normativa actual, los actos de parcelación y la propia edificación construida sobre ella “no prescriben”, al no serles de aplicación a estas últimas el referido plazo de seis años. La suerte de estas edificaciones está íntimamente ligada a la de la parcelación sobre la que se asientan, de forma que la supresión de la parcelación solo puede llevarse a cabo mediante el derribo de las instalaciones y edificaciones realizadas sobre la misma, a pesar que existan edificaciones para las que haya transcurrido el referido plazo. Por ello, a estas edificaciones no es posible concederles el AFO. 

La modificación de la LOUA separa la imprescriptibilidad de los actos parcelarios de la prescripción de los actos de edificación, de forma que, para la restitución de la parcelación, no deban ser demolidas las edificaciones para las que haya transcurrido el plazo de seis años para el ejercicio de acciones disciplinarias. Esta modificación afectaría fundamentalmente al artículo 185 y los relacionados con él en esta materia. 

Aplicando este cambio legislativo, las edificaciones que se quieran regularizar deberán tener más de seis años de antigüedad, no ubicarse en suelos protegidos o con riesgos naturales y no tener abierto ningún proceso judicial o alguna sanción administrativa. 

La norma permitirá que estas construcciones puedan tener la consideración de edificaciones asimiladas al régimen de fuera de ordenación (AFO) y con ello poder contar con los servicios básicos de luz, agua y saneamiento. 

Por otra parte, la portavoz socialista ha recordado cómo la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, aprobada por un gobierno socialista y de la que ahora se cumplen diez años, supuso un revulsivo contra la violencia de género en todos sus aspectos y está reconocida por la Organización de Naciones Unidas como una de las normas más eficaces de todo el mundo para combatir la violencia sexista, que es una de las formas más generalizadas de abuso contra los derechos humanos. 

“Sin embargo, la situación actual de crisis, así como los recortes sociales y en recursos asistenciales para erradicar la violencia de género son factores que están poniendo en peligro los avances conseguidos en nuestro país, según ha explicado. 

Flor Almón ha advertido de que la Ley de Protección Integral se está viendo amenazada por los continuos recortes presupuestarios que ha acometido el Gobierno del PP, de hasta el 33% en esta Legislatura en materia de igualdad y del 22% en violencia de género, en particular. 

Frente a esta realidad, los socialistas creen que resulta imprescindible redoblar los esfuerzos contra la violencia de género, utilizando sobre todo la herramienta de la educación, puesto que son los jóvenes los que perpetúan el modelo machista, aunque sea con otros matices. Y para ello, exigen al Gobierno que mantenga el Instituto de la Mujer como organismo autónomo especializado en la Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres y que se tramite la Ley Integral de Igualdad de trato y no discriminación con el fin de  profundizar en el valor de la igualdad más allá de su reconocimiento legal y garantice la igualdad de trato y la lucha contra la discriminación.