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Junta cede a los ayuntamientos Lanjarón y Orce el patrimonio de las Cámaras Agrarias

Junta cede a los ayuntamientos Lanjarón y Orce el patrimonio de las Cámaras Agrarias

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha cedido los Ayuntamientos de Lanjarón y Orce los inmuebles de las antiguas Cámaras Agrarias Locales del sus municipios, unas instalaciones que hasta 2010 formaban parte del Patrimonio de las antiguas Cámaras Agrarias y que ahora son propiedad del Consistorio.

La formalización de la cesión se ha realizado con la firma de la escritura pública por parte de la delegada territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Inmaculada Oria, y los alcaldes de Lanjarón y Orce, José Er¡c Escobedo y José Ramón Martinez, respectivamente; todo ello ante el notario Luis Rojas Martínez

Este traspaso, según la delegada territorial, “supone un paso más en el proceso de reparto del patrimonio de las antiguas Cámaras Agrarias entre los Ayuntamientos, con lo que se asegura el uso y disfrute de dichos inmuebles por parte de los agricultores y ganaderos, así como por la ciudadanía en general”.

Los inmuebles cedidos al ayuntamiento de Lanjarón son una oficina en planta baja con una superficie de 50,85 m2 y la Ermita de S. Isidro de 350 m2. Igualmente los inmuebles cedidos al ayuntamiento de Orce son dos naves agrícolas de 364 y 145 mrespectivamente, junto con una báscula para repeso con caseta y accesos.

Desde que se inició el proceso de reparto del patrimonio de las Cámaras Agrarias, en la provincia de Granada se han cedido mediante escritura pública, u otros actos de cesión, inmuebles y/o solares a los ayuntamientos de Cijuela, Freila, Cúllar Vega, Domingo Pérez, Íllora, Las Gabias, Sorvilán, Diezma y Padul, incorporándose con el acto de hoy los municipios de Lanjarón y Orce con los citados inmuebles. Están pendientes de firma de escritura o de otros actos de cesión los edificios o solares de otros 11 municipios en la provincia de Granada

La extinción de las cámaras agrarias de Andalucía es uno de los objetivos que se marcó la Consejería en la pasada Legislatura, a través del Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio de medidas urgentes de reordenación del sector público de Andalucía.

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