La Plataforma “Mujeres, en plural” ante el anuncio del Sr Gallardón. El aborto dejará de ser un derecho con límites y volverá a ser un delito salvo indicaciones aún más restrictivas que la regulación de 1985.
Empecemos por el principio, el número de embarazos no deseados no depende de cómo se regule su interrupción, sino de las políticas de educación en salud sexual y reproductiva y de las facilidades de acceso a los métodos anticonceptivos.
A pesar de ello, el gobierno del PP quiere suprimir el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo en las 14 primeras semanas que regula la actual ley, y volver a una regulación más restrictiva aún que la de 1985, que considera el aborto un delito salvo en determinados supuestos.
El señor Gallardón, ministro de Justicia, afirma que el cambio de regulación supondrá “mayor protección para la vida en gestación”, pero lo único que cambiará serán las condiciones en las que las mujeres acceden a esta prestación sanitaria: las mujeres con recursos podrán permitirse acudir a países del entorno europeo, en los que mayoritariamente existen “leyes de plazos”.
Simultáneamente, aumentará la posibilidad de acceso a prácticas inseguras y de riesgo en las mujeres con menos recursos.
La actual legislación española se asemeja a la de la mayoría de países de nuestro entorno, en los que se regula la interrupción del embarazo como un derecho ajustado a unos determinados plazos, frente a la basada en supuestos, existente en nuestro país con anterioridad al 2010.
Durante 25 años esa legislación causó inseguridad jurídica de mujeres y profesionales, puso en cuestión la capacidad de decisión de las parejas y de las mujeres al poner la capacidad de decisión en manos de terceros (médicos y/o jueces) que eran quienes, en última instancia, decidían si el caso concreto se ajustaba o no a los supuestos de despenalización.Incluso la ONU ha reconocido que los derechos sexuales y reproductivos son parte integrante, inalienable e indivisible de los derechos humanos universales.
Los derechos humanos de las mujeres incluyen el derecho a tener el control, a decidir libre y responsablemente sobre su sexualidad, incluida la salud sexual y reproductiva, libres de presiones, discriminación y violenciaOtro de los aspectos que el ministro de Justicia pretende cambiar es la edad a la que acceder sin tutela a la interrupción del embarazo.
Actualmente, para las mujeres de 16 y 17 años, el consentimiento para la interrupción voluntaria del embarazo les corresponde exclusivamente a ellas en coherencia con la Ley de Autonomía del Paciente.
Pero es preceptivo que se informe al menos a uno de los progenitores, salvo cuando la menor alegue fundadamente que esto le provocará un conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desamparo. Según datos de ACAI 2012, sólo un 14% de las menores entre 16 y 18 años se acogieron a esta excepción.
Con la nueva propuesta gubernamental, estas menores en situaciones de conflicto estarán totalmente desprotegidas frente a un embarazo no deseado. Desde la Plataforma “Mujeres en Plural” defendemos una maternidad/paternidad responsables.
Creemos que niñas y niños tienen derecho a venir a este mundo siendo deseados, queridos, con garantías de que podrán ser cuidados y educados como merecen y como resultado de una decisión libre y responsable. Decidir si se trae o no un hijo/a al mundo es una decisión de gran trascendencia en la vida de una mujer y de los nacidos/as.
Expresamos nuestro más profundo rechazo a las reformas que anuncia el gobierno ya que significan un importante retroceso en los derechos sexuales y reproductivos, en los derechos humanos de las mujeres que nos sitúa junto a las regulaciones más restrictivas de la UE (Irlanda, Polonia, Malta).
Resulta inútil pretender dar una protección ilimitada a una vida que se está gestando, criminalizando y desconsiderando de forma absoluta la decisión de las mujeres que albergan esa vida.
Pero además es un contrasentido, es totalmente ineficaz, pues el número de abortos sólo disminuirá cuando lo haga el de embarazos no deseados, objetivo que se consigue con educación y medios, no con privación de éstos y represión.
