Los agricultores de Castell de Ferro reparten 1.500 kilos de pimientos en protesta por los bajos precios
Agricultores de Castell de Ferro repartieron esta mañana de forma gratuita 1.500 kilos de pimientos verdes en protesta por los injustos precios que reciben por sus productos que ni siquiera permiten cubrir costes- y por los abusivos precios al consumidor (multiplicados por cinco), situación de la que se lucran intermediarios y grandes superficies. Asaja Granada denuncia esta desconexión de precios en origen y de destino y culpa al Gobierno de no resolver este problema que sufren tanto productores como consumidores. Según un comunicado de la asociación agraria, los productores perciben 022 euros por kilo de pimientos y el consumidor los compra a 215. Igual ocurre con otros productos hortícolas: las habichuelas a 060 euros/kilo para el productor y a 300 euros/kilo en el supermercado; o el pepino holandés, a 025 euros/kilo en almacén y a 1,35 en el mercado. Se evidencia una descontrolada política de precios que encubre prácticas especulativas intolerables, según Asaja. Otros sectores agrarios, aseguran, sufren también esta lacra: el cerealista y el de la leche, en manos de una industria que les impone precios y condiciones, o el sector de los fertilizantes, claramente monopolista.
Los precios de venta de los productos agroalimentarios, sobre todo los no elaborados, llevan más de tres años en tasas muy superiores a las históricas y por encima del Índice General del IPC, en contrapunto siempre con los precios cada vez más bajos que perciben los productores, denuncia la asociación. Según Manuel del Pino, secretario general de Asaja Granada, el Gobierno tiene el deber de adoptar medidas de índole comercial y fiscal que acaben con la especulación.
Los precios de venta de los productos agroalimentarios, sobre todo los no elaborados, llevan más de tres años en tasas muy superiores a las históricas y por encima del Índice General del IPC, en contrapunto siempre con los precios cada vez más bajos que perciben los productores, denuncia la asociación. Según Manuel del Pino, secretario general de Asaja Granada, el Gobierno tiene el deber de adoptar medidas de índole comercial y fiscal que acaben con la especulación.
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