La Consejería de Salud gasta en seguridad casi dos millones de euros al año, lo que cuesta contratar a cuarenta médicos. El número de demandas presentadas ya superan a todas las registradas en el año 2004.

En Granada, como en el resto del país, los gremios de los profesores y el de los profesionales de la sanidad empiezan a estar cansados de las agresiones recibidas. Durante los seis primeros meses de este año, la asesoría jurídica de la delegación de Educación ha cursado diez denuncias por agresiones a docentes, mientras que el SAS ha hecho lo propio con otras 15. La suma de los dos repartidos entre los seis primeros meses del año proporciona una media de una denuncia por semana. El pasado año, las demandas por los ataques sufridos en estos dos gremios no superaron las 22.

Un dato: el Servicio Andaluz de Salud gasta una media de casi dos millones de euros en seguridad en sus cuatro hospitales -Virgen de las Nieves, Clínico, Santa Ana de Motril y Baza- así como en los centros de salud de Granada y el resto de la provincia. 'Con ese dinero podríamos contratar a cuarenta médicos o construir dos centros de salud para poblaciones de 10.000 habitantes', comentan desde la delegación provincial de Salud.

El juez decano, Antonio Moreno, distingue entre los dos tipos de violencia desatada en los centros de enseñanza y en los recintos sanitarios. 'Las agresiones a profesionales de la sanidad vienen de más lejos aunque ahora se denuncia más. Pero las agresiones en los colegios no dejan de crecer. Quizás el próximo año nos tengamos que plantear la creación de un turno específico para tratar los casos de violencia en la escuela'.

Violencia contra profesionales de estos dos gremios que no deben confundir a la población porque no se dan con una frecuencia destacable. 'Son casos aislados pero que cada vez hacen más ruido. Antes nadie los aireaba y ahora la sensibilización para denunciarlos no deja de crecer'. Aunque todo sea dicho: 'tampoco se denuncia todo, hay muchos que se quedan en un mero parte de lesiones sin demanda judicial'.

El director del distrito sanitario Granada, Juan Ortiz, defiende la necesidad de denunciar «cualquier tipo de agresión, porque ayuda a promover la sensibilización social. Si no actuamos así y nos mantenemos en silencio somos cómplices de los agresores», denuncia.

De momento, los juzgados granadinos han dado un paso importante: tipificar como delito de atentado y no como una mera falta cuatro -dos de Educación y dos de Sanidad- de los 25 casos presentados por agresiones a estos profesionales. Esto supone que en lugar de una pequeña multa, el acusado puede acabar encarcelado. La doctrina jurídica prevé penas de 1 a 3 años de cárcel para estos delitos.

De momento, tres servicios de urgencias de centros de salud granadinos se dotarán de cámaras de seguridad este verano. «Y seguiremos haciendo lo mismo con el resto», apostilla Ortiz.

La dinámica de agresiones desatada en estos sectores profesionales se parece cada vez más a la de los países citados al principio donde son muy pocos quienes se dan codazos por trabajar en la sanidad o en la enseñanza.