La Junta afirma que no se puede consentir que el bebé que supuestamente iba a ser vendido sea utilizado por las familias implicadas

La consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, señaló ayer, en relación al bebé de Motril, cuyos progenitores están acusados de su supuesta compraventa, que «no se puede consentir» que el menor sea utilizado por una parte u otra de la familia. En declaraciones a Efe, Navarro afirmó que «lo que no se puede consentir es que, en este caso o en otros, el menor pueda ser utilizado, con la mejor intención del mundo, por una u otra parte de la familia».

Indicó que las medidas adoptadas se toman «siempre» que existe alguna cuestión que supuestamente pueda afectar a un menor y el interés de menor, continuó, «está por encima de cualquier otra cosa».

El menor, que se encuentra «en perfectas condiciones y muy bien atendido», actualmente está bajo la guardia de la Junta de Andalucía por orden judicial, medida cautelar para evitar perjuicios al menor.

Afirmó que ahora la Fiscalía y el juez son los que tienen que decidir y aclaró que está pendiente de los informes de los técnicos de la consejería, pedidos por los abogados de la madre biológica y adoptiva del bebé. El objetivo de estos informes es determinar su situación física y asistencial para defender que sea devuelto a alguna de las dos, las cuales se encuentran en libertad bajo fianza. Añadió que «nuestra obligación» es garantizar que el menor esté bien y dijo que no va a hacer ninguna valoración porque es el Juzgado de Instrucción 1 de Motril, que lleva el caso, el que debe pronunciarse.