La Agencia Tributaria de Motril se convierte en administración tributaria de cabecera

En un comunicado remitido a Europa Press, Gestha informó de que el control de sus actividades y la gestión de tributos, que actualmente se realiza en 42 administraciones territoriales, pasará a realizarse en catorce, de primer nivel, quedando las 28 restantes para labores secundarias, como el control tributario de las personas físicas, información básica y recepción de documentos.

En concreto, indicó que estas demarcaciones adscritas estarán ubicadas en las localidades sevillanas de Ecija, Lora del Río, Osuna y Utrera; en las malagueñas Ronda, Antequera y Vélez-Málaga; en las poblaciones cordobesas Montilla, Peñarroya-Pueblonuevo y Pozoblanco; en los municipios jiennenses de Ubeda y Andújar; en Baza y Guadix (Granada), y en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

Asimismo, los técnicos de Hacienda denunciaron que las administraciones territoriales de nivel tres de San Roque (Cádiz), Orgiva (Granada), Ayamonte (Huelva), Villacarrillo (Jaén), Alora (Málaga) y Morón de la Frontera (Sevilla), centradas en funciones de información y asistencia básica a los contribuyentes, "perderán también competencias con la nueva reorganización territorial que plantea la AEAT, obligando a los contribuyentes andaluces a desplazarse a las administraciones tributarias de cabecera situadas en Algeciras, Motril, Huelva, Linares y Málaga.

CONTROL DEL FRAUDE

Gestha estimó que el proyecto de reestructuración de las administraciones territoriales de la Agencia Tributaria "puede perjudicar gravemente el servicio que se presta a los contribuyentes andaluces que tendrán que realizar largos desplazamientos para cumplir con sus obligaciones fiscales, así como a la gestión y el control de actividades económicas, lo que afectaría al control del fraude fiscal y la economía sumergida, estimada en un 23 por ciento del PIB".

Los técnicos de Hacienda defendieron que, con este proyecto de "regionalización", los servicios de control, asistencia e información "se alejan del domicilio fiscal de los contribuyentes para prestarse desde centros ubicados a mayor distancia física, lo que supone mayores costes de desplazamiento para el ciudadano y mayor afluencia de público en las oficinas con la consiguiente carga de trabajo para los funcionarios a su servicio".

Aunque valoró los "avances" de la AEAT para facilitar las obligaciones del contribuyente, el colectivo sostuvo que "no se puede imponer a los ciudadanos la distancia física y el manejo de nuevas tecnologías". Como alternativa al proyecto de reestructuración de administraciones, Gestha propuso un modelo de gestión fiscal "compartida por la Agencia Tributaria y las comunidades autónomas, que podría extenderse a las entidades locales del respectivo ámbito autonómico".