La industria azucarera quiere reducir a un tercio la producción en Andalucía

La industria azucarera quiere reducir a un tercio la producción en Andalucía, y dejar una de las cinco fábricas existentes. Agricultores, sindicatos y la Junta de Andalucía han firmado un compromiso para enfrentarse a estos planes y luchar por mantener la máxima actividad posible que permita la nueva OCM europea del azúcar.

La Junta de Andalucía, los agricultores y los sindicatos firman un "Compromiso por el mantenimiento de la máxima actividad en el sector remolachero andaluz", que prevé un Plan de Mejora de la Competitividad y "soluciones concretas y satisfactorias" para los futuros despidos.

En rueda de prensa, el consejero de Agricultura, Isaías Pérez Saldaña, dijo que Andalucía "va a intentar mantener a toda costa su producción" y que las posibles medidas para mejorar la competitividad "se harán siempre desde el acuerdo de todas las partes".

La reforma de la OCM del azúcar, aprobada por la Unión Europea el 20 de febrero pasado, prevé mantener sólo la productividad que haga competitivo al sector, por lo que productores y sindicatos andaluces desean llegar a la campaña 2009-2010 con dos fábricas en Andalucía trabajando "a pleno rendimiento en condiciones de rentabilidad", frente a las cinco actuales.

La industria azucarera tiene en Andalucía tres empresas: Azucareras Reunidas de Jaén (ARJ) en Linares (Jaén), Guadalfeo-Hispania en Motril (Granada) y Azucarera Ebro, con plantas en La Rinconada (Sevilla), dos en Jerez de la Frontera (Cádiz) y otra en Jédula (Cádiz).

Miguel López, portavoz de la asociación agraria COAG, recordó que el sector mantiene a 7.000 familias en Andalucía y por ello aseguró que "aunque la industria tira hacia el Norte", los agricultores andaluces "no vamos a aceptar una reestructuración impuesta por la industria".

El pacto firmado apuesta por el mantenimiento del máximo cultivo de remolacha en Andalucía y establece que los cierres de fábricas, si se llegan a producir, "deben ser objeto de un acuerdo entre las partes afectadas, deben tener en consideración la capacidad real de abastecimiento de remolacha por parte de los productores" y "nunca responderán a una decisión unilateral de la empresa".