La Comisión Europea expedienta a España por irregularidades al adjudicar la planta de residuos de Motril

La Comisión Europea remitió un dictamen motivado a España, segunda fase en el procedimiento de infracción, por considerar que la sociedad Infraestructuras y Equipamientos de Granada (INGRA S.A.) ha adjudicado un contrato de obras para la construcción de una planta de tratamiento de residuos vegetales en Motril (Granada) incumpliendo una serie de disposiciones de la directiva comunitaria sobre procedimientos de adjudicación de contratos públicos de obras. INGRA esta participada al 90% por la Diputación de Granada.

La Comisión alega que ha podido constatar que INGRA S.A. fraccionó artificialmente el contrato de obras para la construcción de la planta de tratamiento de residuos con el objetivo de soslayar la aplicación de la directiva comunitaria sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras.

Por otra parte, la sociedad INGRA aplicó criterios discriminatorios en la selección de los licitadores, y no comunicó a los licitadores que presentaron ofertas admisibles la información pertinente sobre las características y ventajas de la oferta seleccionada, según la Comisión Europea. Si en el plazo de dos meses Bruselas no recibiera una respuesta satisfactoria, la Comisión llevará el asunto al Tribunal de Justicia Europeo.

INGRA y la Adjudicación

El Consejo de Administración de la empresa de Equipamientos e Infraestructuras de la Diputación de Granada, Ingra, aprobó el 27 de octubre de 2004 la preadjudicación de la planta de residuos vegetales que se construirá en Motril (Granada).

Según informó entonces la institución, la planta se edificará en el Pago de Los Coscurros, concretamente en el Cortijo Galido, con un presupuesto de 5.100.000 euros y un periodo de ejecución de un año. La empresa responsable de realizar la obra es fue la Unión Temporal de Empresas 'Ros Roca-Cauchil-Mata Megias'.

El presidente de la Diputación, Antonio Martínez Caler, valoraba entonces este acuerdo como "el cumplimiento a un compromiso que personalmente adquirí con los agricultores de la Costa para resolver un problema que padece la próspera agricultura costera y que tendrá además un adecuado tratamiento medioambiental, el tratamiento de sus residuos".

Además, el Consejo de Administración de Ingra acordaba esa misma mañana la trasformación de la empresa en Sociedad Unipersonal de capital íntegramente público.

Para poder adquirir esa nueva personalidad jurídica la Diputación había adquirido las 100 acciones de las que disponía CajaGranada hasta ese momento en la empresa Ingra, correspondientes al diez por ciento del capital de la empresa.

Así, desde ese momento la empresa es "netamente" propiedad de la institución provincial "de este modo la gestión de las obras es más sencilla y directa y conseguiremos un cumplimiento de sus funciones más ágil" analizaba el entonces vicepresidente primero de la Diputación, Gabriel Cañavate.

La adjudicataria, la UTE Biomotril, formada por las empresas Ros Roca y Construcciones Cauchil, con la participación de Asfaltos Mejías, logró que la primera piedra se pusiese en noviembre de ese mismo año 2004. Inauguradas el pasado mes de junio de 2006, las obras contaron con un presupuesto de 7.747.000 euros y duraron veinte meses desde la ceremonia de colocación de la primera piedra.

La instalación se ubica o en el paraje de Cerro Chillón, en una parcela cedida a la Diputación por la Consejería de Agricultura de la Junta. Los terrenos tienen una superficie 162.383 metros cuadrados, de los cuales la planta ocupa 28.458, "quedando espacio para futuras ampliaciones si la producción lo demandara".