Ingra dice que no ha incumplido preceptos en la contratación de la obra de la planta de residuos de Motril

La sociedad Infraestructuras y Equipamientos de Granada (Ingra S.A.) rechazó las afirmaciones que recoge la Comisión Europea (CE) en un dictamen motivado a España acerca de irregularidades en la contratación de las obras de la planta de tratamiento de residuos vegetales de Motril y aseguró que no ha incumplido preceptos.

Según informó la Diputación en un comunicado, las consideraciones que recoge la CE en el dictamen aludido son fruto de "la denuncia de una de las empresas que optó a la realización de la obra de la planta de tratamiento de Motril". La empresa, que sin embargo, participó en la licitación de la obra, denunció el proceso al final, una vez que comprobó que no había resultado adjudicataria.

"No parece ni siquiera razonable denunciar el proceso de convocatoria de la licitación al no resultar finalmente adjudicataria de la obra. Si la empresa consideraba que el proceso, el pliego o alguno de los pasos administrativos que se siguieron en la licitación de la Planta de Motril era ilegal debía haberlo denunciado al principio del mismo, no al final y porque no ha resultado adjudicataria", afirmó el gerente de Ingra, Antonio Reyes.

Asimismo, Reyes aseguró que no existió en ningún momento fraccionamiento de la obra puesto que existe un único pliego con una única cuantía. Dicha cuantía no supera la cantidad que obliga a darle publicidad en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (DOCE), por lo cual la obra tuvo la publicidad que obliga la ley a la cuantía establecida en el pliego de la licitación.

La obra además fue adjudicada por la unanimidad del Consejo de Administración de Ingra y tras los informes técnicos que evaluaron las ofertas de todas las empresas concurrentes.

Ha sido licitada y contratada por Ingra que es una sociedad anónima de carácter mercantil dependiente de la Diputación, en este sentido la normativa a la que se acoge para la contratación de obras no es idéntica a la de las administraciones públicas.

Ni a Ingra ni a la propia Diputación les consta comunicación oficial del dictamen emitido por la Comisión Europea. En estos momentos "está planteado un contencioso administrativo que está en fase de tramitación y acerca del cual se está contestando a la demanda planteada, por lo tanto no existe ningún tipo de conclusión definitiva ni por supuesto sentencia alguna puesto que aún restan numerosos trámites legales para alcanzar su terminación", concluyó la Diputación.