UGT quiere sentar en el banquillo a los responsables de las empresas de la cimbra desplomada de la A-7

Los sindicatos CCOO y UGT, personados como acusaciones populares en el caso del accidente que se produjo el 7 de noviembre de 2005 en el viaducto que se construía en el tramo La Herradura-Taramay de la A-7, en Almuñécar (Granada), han decidido finalmente no recurrir la sentencia del Juzgado de lo Penal 1 de Motril que absolvió a los once imputados en la causa.

Según ha explicado el secretario general de la Federación de Construcción, Maderas y Afines (Fecoma) de CCOO en Granada, Francisco Quirós, "lamentablemente" el fallo no deja espacio para el recurso, que en un principio barajaron presentar. "Lo que esperamos ahora es que accidentes de este tipo no vuelvan a producirse y que, en cualquier caso, los responsables no queden impunes", ha indicado.

Por su parte, el secretario general de la Federación del Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT Granada, Francisco Ruiz Ruano, ha incidido en la misma línea, en que sería "una irresponsabilidad" continuar con el proceso, porque, en base al contenido de la sentencia, es "imposible darle la vuelta a la resolución".

No obstante, UGT mantiene que los verdaderos responsables del accidente, que acabó con la vida de seis obrero e hirió a otros cinco, son los representantes de las empresas Norcontrol y Proes Consultores, que dieron el visto bueno a la cimbra que luego se desplomó. En ese sentido, el gabinete jurídico del sindicato está buscando la "fórmula jurídica" para que se abran diligencias contra ellos, aunque ya durante la instrucción del caso, la jueza rechazó la imputación de los mismos.

"No se puede juzgar causa que ya ha sido juzgada, pero nosotros estamos estudiando la posibilidad de que los responsables de estas empresas se sienten en el banquillo, porque está claro, que, visto lo visto, fueron los verdaderos culpables de lo que pasó", ha señalado el sindicalista.

La sentencia que, al no ser recurrida, se declarará firme, absolvió a los once procesados después de que la Fiscalía anunciara en la penúltima sesión del juicio, que arrancó el pasado 1 de febrero y finalizó el 29, que retiraba su acusación contra todos los imputados, al entender que no hubo omisiones en las revisiones que debían realizarse a la cimbra que se colapsó y que el siniestro fue "inevitable".

Las nueve sesiones del juicio sirvieron para diluir las responsabilidades de los procesados, lo que provocó, al final de la vista, una sustanciosa disminución en la petición de penas de las acusaciones. La más importante fue la modificación del Ministerio Público, pero también las acusaciones populares, los sindicatos UGT y CCOO, rebajaron sus solicitudes de manera importante. UGT sólo acusó al final a seis procesados, por un delito contra la seguridad de los trabajadores, para los que pedía hasta 5 meses de prisión y 18.000 euros de multa, mientras que CCOO solicitó para ocho de ellos dos años y medio de prisión y 12.000 euros de multa por un delito contra la seguridad y la salud laboral.

En la sentencia, el magistrado Sergio Romero consideró que los once procesados no sólo no intervinieron en los hechos delictivos que se le han atribuido, sino que "se alcanza la convicción de que ningún hecho delictivo fue cometido" por ellos.

De hecho, sostuvo que la caída de la autocimbra, "por extraordinaria", no era un "riesgo previsible", e incidió en que ni siquiera las "pruebas periciales" practicadas, "variadas, modernas y complejas" han determinado la causa cierta que motivó el problema del marco trasero de la estructura, y que sólo se han apuntado "como meras hipótesis" un problema en las uniones atornilladas o en las soldaduras.

Asimismo, el juez recordaba en su resolución que a lo largo de las distintas sesiones de la vista oral, técnicos en la materia y expertos por su cualificación profesional en este tipo de obras llegaron a usar términos tales como "mala suerte", "imprevisible" o "inevitable", lo que, a juicio del magistrado Sergio Romero, "da idea de la falta de responsabilidad en el accidente de los acusados".

En el banquillo se sentaron inicialmente 12 imputados, entre ellos el director del proyecto de ejecución del tramo, Pablo Jiménez, el coordinador de seguridad designado por el Ministerio de Fomento, Juan Mena Delfa, y el que fuera jefe de Demarcación de Carreteras de Andalucía Oriental, Juan Francisco Martín Enciso. Sin embargo, a petición de la defensa de este último, el juez decidió apartarlo de la causa.