El autor del incendio de la Sierra de Bodíjar es condenado a once meses de cárcel

El Juzgado de lo Penal número 1 de Motril ha condenado a Antonio C.R. a un año y once meses de cárcel como autor de un delito de incendio forestal de considerable extensión por el fuego que afectó en la Sierra de Bodíjar a cerca de 3.000 hectáreas en noviembre de 2002.

Según la sentencia, a la que tuvo acceso Efe, el procesado, al que se considera que cometió una "imprudencia grave", también deberá pagar una multa de 1.200 euros e indemnizar a la Consejería de Medio Ambiente y propietarios de terrenos en un cantidad que supera los 400.000 euros.

El Tribunal prohíbe asimismo que el cambio en la calificación del suelo afectado por el incendio en un plazo de treinta años, quedando igualmente dicho terreno afecto exclusivamente a un uso agrícola y forestal.

Durante el juicio el fiscal y la acusación particular pidieron tres años de cárcel para el único imputado en el incendio.

La defensa, por su parte, pidió la libre absolución al considerar insuficientes las pruebas de su intervención en el suceso, ni que éste se produjera en su propiedad como ha quedado reflejado en un informe de la Junta de Andalucía, y que el Tribunal considera probado.

En la vista del caso concurrieron más de una treintena de testigos durante las más de cinco horas que duró.

El ahora condenado negó su implicación en el suceso y que éste se iniciara en su finca, como queda reflejado en los distintos informes que han emitido los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

En ellos se resalta que el fuego llegó a su finca desde una colindante, en la parte baja, y que él, junto a su esposa, intentaron apagarlo sin poder hacerlo por el fuerte viento que había.

Negó, igualmente, haber realizado ninguna quema de los restos de la poda hecha en días anteriores o de hojarasca, aduciendo que llevaba varios años sin hacerlo y que con anterioridad siempre había solicitado los permisos correspondientes a la Junta de Andalucía para realizar quemas en su finca.

Esta versión no fue aceptada por el Ministerio Fiscal y por la acusación particular, basándose en un informe emitido por la Junta de Andalucía y posteriormente validados por tres técnicos más.