El Juzgado imputa al alcalde de Lanjarón (PP) y a tres militantes populares por presunto delito electoral y prevaricación en el caso del abultamiento del censo

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Órgiva ha imputado al alcalde de Lanjarón, José Rubio (PP), junto a tres militantes más del partido, por un delito electoral y otro de prevaricación, cada uno, por el supuesto abultamiento irregular del censo en este municipio.

El auto fue hecho público hoy por el PSOE, cuyo secretario general en Granada, Juan Manuel Fernández, desveló que, junto al alcalde de Lanjarón, deberán declarar ante el Juzgado, por los mismos delitos, las concejalas populares María del Carmen Reyes y Francisca Gallardo y la presidenta local del PP, Sonia Gutiérrez.

El auto judicial es el resultado de la denuncia presentada por el PSOE ante este Juzgado, en la que acusaba a los ahora imputados de haber dado de alta en el censo electoral de Lanjarón, del 29 al 31 de enero de este año, a 119 personas.

Dado que Lanjarón es un municipio con 3.000 habitantes, este presunto abultamiento "supone más del 10 por ciento de los votos que obtuvo el PP en las pasadas elecciones, porcentaje suficiente para alterar cualquier resultado electoral", aseguró Fernández.

Según el socialista, "estas actas censales las llevaron personalmente al ayuntamiento la teniente de alcalde de Lanjarón María del Carmen Reyes, la concejala de Asuntos Sociales, Francisca Gallardo, y la presidenta local del PP, Sonia Gutiérrez".

Los funcionarios del Ayuntamiento se habrían negado a admitir estas actas censales, ante lo que, según relató Fernández, el alcalde, José Rubio, les habría obligado.

El Juzgado ordena tomar declaración a los cuatro imputados por un delito electoral y otro de prevaricación, cada uno, y solicita, tanto al Ayuntamiento de Lanjarón como a la Oficina del Censo Electoral de Granada, información de todas las solicitudes de empadronamiento realizadas por el Consistorio, mientras que pide a la Policía Judicial adscrita a este Juzgado que verifique los empadronamientos tramitados por el Consistorio.

Esta última solicitud buscaría "aclarar si el Ayuntamiento ha dado por buenos empadronamientos en viviendas abandonadas, a ocho personas en un apartamento de 50 metros cuadrados, o a técnicos municipales en viviendas de familiares del alcalde, casos muy concretos denunciados por el PSOE uno a uno", indicó Fernández.

"Los hechos denunciados son muy graves", subrayó el socialista, quien confió en que el PP "tome medidas" en consecuencia.