Absuelven a cinco médicos del Hospital de Motril del delito de homicidio

El Juzgado de lo Penal 1 de Motril (Granada) ha absuelto a cinco médicos, uno de cabecera y cuatro intensivistas, del delito de homicidio por imprudencia profesional del que se les acusaba por la muerte de un joven de 25 años que falleció en la UCI del Hospital de Santa Ana por shock séptico.

La sentencia, a la que hoy tuvo acceso Efe, se basa en los informes periciales recabados en el caso, en los que dos expertos señalaron que no hubo causa directa entre la actuación médica y el fallecimiento del paciente.

El joven acudió el 27 de mayo de 2005 al servicio de urgencias de su centro de salud por sufrir fiebre, tos y expectoración nerviosa, por lo que se le diagnosticó síndrome febril por infección respiratoria en las vías bajas y se le prescribió un tratamiento que un día después corroboró su médico de cabecera, uno de los acusados.

En los días siguientes su estado empeoró hasta el punto de tener dificultades para dormir en posición horizontal, por lo que el 31 de mayo fue al Hospital Sana Ana con síntomas de insuficiencia respiratoria aguda por una infección respiratoria en las vías altas, lo que llevó a su ingreso en la UCI.

Pese al tratamiento que le aplicaron los cuatro intensivistas que le atendieron, su situación empeoró y derivó en un shock séptico e una insuficiencia renal aguda con fracaso multiorgánico que le produjeron la muerte el 4 de junio.

El juez descarta la comisión del delito por el médico de cabecera porque sus padres reconocieron en el juicio que cuando llegó a su consulta "iba con un resfriado y no estaba grave" y el informe pericial de la acusación particular estableció que "actuó dentro de lo normal".

En cuanto a los intensivistas, la acusación particular basó su petición de un año y ocho meses de prisión, tres de inhabilitación para el ejercicio de su profesión y una indemnización de 120.000 euros basándose en que los síntomas del paciente cuando ingresó en el hospital eran incompatibles con el diagnóstico de patología infecciosa, por lo que hubo "una falta de diagnóstico".

También exigió responsabilidad penal arguyendo que debió tratarse la insuficiencia renal con diálisis y en que desde que ingresó en la UCI hasta su muerte "no se hizo nada" para que pudiera "provocar un giro a la situación del paciente".

Los peritos señalaron en sendos informes que no hubo error diagnóstico, que "no hay causa directa" entre la actuación médica y el resultado de fallecimiento y que "en ningún momento hubieron comportamientos descuidados, de abandono y de omisión del cuidado exigible".

Junto a los cinco facultativos fueron absueltos el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la compañía aseguradora Zurich de su supuesta responsabilidad civil en el caso.