Fiscalía del TSJA aprecia "indicios de delito" en el despido de un empleado municipal de Molvízar por, presuntamente, negarse a votar al PP y por correo

La Fiscalía del TSJA aprecia "algunos indicios" de la posible comisión de delitos en el despido de un trabajador municipal de Molvízar (Granada), que perdió su empleo el pasado mayo supuestamente por negarse a votar por correo al PP.

Así consta en el decreto del Ministerio Público, al que hoy tuvo acceso Efe, en el que se formula denuncia contra el alcalde de esta localidad, Francisco Fermín García (PP), y Francisco Arenas García, un subordinado suyo, por la posible comisión de un delito de coacciones y otro contra los derechos de los trabajadores.

De hecho, la denuncia fiscal, presentada el pasado 10 de julio después de que el Ministerio Publico incoara de oficio la investigación de los hechos, ya ha motivado que un juzgado de Instrucción de Motril haya citado, según el PSOE, a declarar como imputados el próximo 19 de septiembre a ambos.

El decreto precisa que "resulta obligado" para el Fiscal denunciar, por cuanto la actuación policial y la grabación aportada a un medio de comunicación, realizada por el trabajador, en la que se negaba a votar por correo para que su jefe directo pudiera comprobar que votaba al PP, "establecen claramente, al margen de comprobación posterior, la existencia de algunos indicios".

No obstante, aclara que "es preciso establecer que la intervención directa del alcalde afectado no se encuentra, al día de hoy, suficientemente acreditada, pero parece imprescindible le sea tomada, como primera medida, declaración sobre los hechos".

Considera imprescindible también que se le tome declaración como imputado a Francisco Arenas, capataz al servicio del Ayuntamiento, sobre el que pesa, precisa, "la mayor prueba indiciaria habida cuenta del testimonio y la grabación realizada por el trabajador".

De forma paralela, el trabajador, Carlos Jiménez, denunció su despido ante el Juzgado de lo Social de Motril, que el pasado miércoles celebró la vista, en la que el fiscal, adhiriéndose a la petición de la abogada del denunciante, solicitó que el despido se declarase nulo de pleno derecho.