Cinco sentencias para cinco delitos relacionados con incendios. Uno de ellos ocurrió en Jete

Los tribunales han dictado cinco sentencias condenatorias por delitos relacionados con incendios forestales en lo que va de año, al menos con la presencia como acusación particular de la Consejería de Medio Ambiente, a través de su empresa pública Egmasa.

Dos de estas sentencias se han dictado en Málaga, otras dos en Jaén y una en Granada. Asimismo, existen otros siete procedimientos actualmente en curso en los cuales también se ha personado el departamento del ramo, según informaron fuentes de la Consejería a Europa Press.

La Consejería persigue la delincuencia medioambiental tanto a efectos de penas de prisión, como al abono, a modo de indemnización, de los costes de extinción y de restauración derivados de los incendios forestales. En el periodo 2000-2007 se han incoado en Andalucía un total de 134 procedimientos penales con personaciones en las que ha estado representada la Consejería de Medio Ambiente. De estos procedimientos, un total de 31 han concluido en sentencias.

Concretamente, la condena de Granada pertenece al juzgado de lo penal número 1 de Motril y fue emitida el pasado 18 de abril. Dicha sentencia está motivada por el incendio que tuvo lugar el 9 de noviembre de 2002 y que se originó en una finca agrícola propiedad del acusado, sita en el Paraje de Las Terreras, en el término municipal de Jete.

En dicho lugar, el acusado realizó una quema agrícola, a sabiendas que no estaba permitida esta actividad en la zona, y sin carecer de la preceptiva autorización administrativa. Además, el fuerte viento motivó la propagación de las llamas, de manera que se originó un incendio que afectó a 2.732 hectáreas de los municipios de Jete, Ítrabo, Molvízar, Salobreña, Los Guajares, Otívar y Lentejí, de las que 1.700 hectáreas corresponden a terreno forestal, y el resto a zona agrícola.

Como consecuencia de estos hechos, el acusado fue condenado por un delito de incendio forestal de considerable extensión, cometido por imprudencia grave, a una pena de un año y once meses de prisión, y a indemnizar a la Consejería de Medio Ambiente con el pago de 281.019 euros y a otro particular afectado con la cantidad de 157.743 euros por daños en su finca.