Un jurado enjuicia desde mañana al alcalde de Almuñécar por posible malversación de caudales

Un jurado popular enjuiciará desde mañana al alcalde de Almuñécar (Granada), Juan Carlos Benavides (CA), acusado de un posible delito de malversación por querellarse contra el ex primer edil, el ’popular’ Juan Luis González Montoro, con fondos públicos, por lo que se enfrenta a una petición fiscal de dos años de suspensión de empleo o cargo público y multa de 27.000 euros.

   Según consta en el escrito de acusación del Ministerio Público, al que tuvo acceso Europa Press, los hechos se remontan al 20 de octubre de 2004, cuando Benavides denunció "a título particular" a González Montoro por un posible delito de malversación de caudales públicos, "sin actuar en ningún caso como alcalde que era del Ayuntamiento de Almuñécar ni representante del Consistorio, aunque tal condición, lógicamente, se hizo constar en la querella presentada".

   No siendo el imputado, como querellante particular, ni ofendido ni perjudicado por el delito denunciado, se le exigió, a resultas del juicio que tuvo lugar el 25 de noviembre de ese año, la prestación de una fianza de 9.000 euros. Entonces, Benavides solicitó a una asesoría jurídica privada contratada por el Ayuntamiento sexitano un informe para verificar si era o no procedente prestar esa fianza, "utilizando así los servicios de la misma para su actuación como particular querellante".

   La cantidad exigida fue satisfecha por Benavides el 13 de mayo de 2005 "pero no con su patrimonio" sino con fondos públicos pertenecientes al Ayuntamiento, entidad jurídica que no se encontraba personada en el procedimiento.

   Por ello considera el fiscal que destinó de esa forma a un uso particular el importe del que disponía por la función de alcalde que ya ostentaba entonces, por lo que le acusa de un delito de malversación de caudales públicos.

   El Ministerio Público propone que en el acto del juicio, que está previsto que se prolongue hasta el día 16, testifiquen cuatro personas, entre ellas la interventora interina municipal, y comparezca un perito designado por el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Granada.