El alcalde de Almuñécar asegura que actuaba dentro de la legalidad más absoluta

El alcalde de Almuñécar (Granada), Juan Carlos Benavides (CA), afirmó hoy ante el tribunal del jurado, que lo enjuicia desde hoy por la supuesta comisión de malversación de caudales públicos, que interpuso querella el anterior regidor, el ’popular’ Juan Luis González Montoro, "en defensa de los intereses del Ayuntamiento" y no a título particular.

Así, según señaló, depositó la fianza en el juzgado con fondos municipales para ejercer la acción penal no en su propio nombre, sino por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, puesto que actuaba como representación legal del Consistorio.

   En la Sección Primera de la Audiencia Provincial, Benavides, que se enfrenta a una petición fiscal de dos años de suspensión de empleo o cargo público y multa de 27.000 euros, aseguró que "siempre" entendió que actuaba "dentro de la legalidad más absoluta" en nombre de los intereses municipales.

   De hecho, según dijo, la finalidad de la querella, que se presentó en octubre de 2004, era recuperar para las arcas del Ayuntamiento los 38.000 euros que se adeudaban por la organización de un acto y la publicación de una revista que tuvieron lugar en periodo electoral, que fueron encargados por González Montoro, y que habían sido prohibidos por la Junta Electoral de Zona. "El objetivo era que el Ayuntamiento no pagara los actos de propaganda electoral del anterior alcalde", incidió.

   El alcalde sexitano sostuvo que cuando tuvo conocimiento de esa deuda libró un oficio a la asesoría jurídica externa Urbalex para que "emprendiera las acciones judiciales necesarias" si éstas eran posibles y a partir de ese momento tuvo "la creencia más absoluta" de que los trámites se hacían en nombre del Ayuntamiento.

   "Si no, me hubiera retirado en el momento en el que se exigió la fianza de 9.000 euros", señaló el alcalde, en referencia al auto del juzgado que le obligó al pago al entender que ejercía la acción como particular, al no ser ni ofendido ni perjudicado por el delito denunciado.

   Benavides dijo desconocer por qué se le solicitaba ese depósito, puesto que no vio nunca, según aseguró, el auto mencionado. "¿Yo qué interés iba a tener en que el Ayuntamiento cobrara los 38.000 euros? Ninguno", manifestó ante el tribunal. Además, fue la Junta de Gobierno Local, la que acordó abonar los 9.000 euros, con el visto bueno del secretario y el interventor, que no pusieron reparo alguno, explicó.

   En la sesión de hoy testificaron además el que era entonces secretario municipal, hoy jubilado, y tres interventores del Consistorio. Los cuatro indicaron que entendieron que en este proceso Benavides actuaba como alcalde y que no existió ninguna irregularidad en la convocatoria de la Junta de Gobierno y su posterior aprobación del libramiento del pago del aval exigido. En el mismo sentido se pronunció el que fuera concejal de Hacienda, Miguel Ángel López, que se encargó de preparar la documentación para la asesoría y que manifestó que, en este caso, "no cabía pensar" que Benavides no actuara en representación de los intereses del municipio.

   Asimismo uno de los letrados de Urbalex ratificó que la querella no se interpuso a título particular y defendió que, aunque a ella se adjuntara un poder de Benavides, esto se hizo por "error" de la procuradora. No obstante, reconoció además que quizá su redacción "no fue la más adecuada", e informó de que la asesoría recurrió el auto del juzgado que obligaba al pago de una fianza, puesto que "no se debía haber exigido".

   Mañana está previsto que comparezca una perito designada por el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Granada, con lo que, tras la exposición de conclusiones e informes de la Fiscalía y la defensa, el juicio podría quedar visto para veredicto.