El Gobierno municipal rechaza el anteproyecto de Ley de Aguas de Andalucía

El Pleno en sesión ordinaria del Ayuntamiento de Motril, presidida por el alcalde de Motril, Carlos Rojas, presentan una moción en la que rechazan el anteproyecto de la Ley de Aguas de Andalucía, que otorga a la Administración Autonómica competencias del sistema de gestión del ciclo integral del agua, así como la planificación y ejecución de todas las infraestructuras en contraposición a la autonomía local. 

Para el equipo de Gobierno de Motril, la Junta de Andalucía plantea una Ley que establece un nuevo “impuesto”, llamado Canon de Mejora (art.74), meramente recaudatorio, sin priorizar el ahorro en el consumo del agua. 

Carlos Rojas ha indicado que “entendemos que en caso de salir adelante dicha Ley, se multiplicaría la burocracia existente, creando un observatorio andaluz del agua que no es oportuno ni necesario, pues sus funciones se solapan con las del Consejo Andaluz del Agua”. 

El alcalde motrileño ha calificado de “inaudito” que la Junta de Andalucía pretenda incrementar los impuestos cuando los andaluces están atravesando una difícil situación económica a raíz de la fuerte crisis, una situación que afectará considerablemente los sectores productivos de la economía andaluza”. 

Desde el Gobierno municipal consideran que se trata de un impuesto doblemente “injusto”, porque por un lado afectará claramente a todos los andaluces, pero también gravará más a las clases más desfavorecidas, independientemente de cuáles sean sus ingresos, o independientemente de si tiene una vivienda unifamiliar o plurifamiliar, porque a todos los ciudadanos se les cobrará por igual una cuota fija de 1 euro al mes. 

Esta situación provocará la penalización de aquellos Ayuntamientos que ya hayan invertido anteriormente en la mejora del abastecimiento de aguas, en la construcción de depuradoras, y de esta manera tendrán que pagar éstos, la mala gestión efectuada por la Junta de Andalucía en éstos últimos años. 

Por lo tanto, si saliera adelante la nueva Ley que propone el Gobierno Socialista de la Junta de Andalucía, los andaluces estaríamos obligados a pagar un canon de mejora de infraestructuras y otro dirigido a los usuarios, además de un impuesto más para colaborar en la puesta en marcha del futuro Observatorio del Agua de Andalucía.