la Junta adeuda 1,3 millones de euros a los letrados de oficio de Granada y provincia

Foto: madriddiario.es

El Colegio de Abogados de Granada ha cuantificado en 1,35 millones de euros la cantidad que todavía adeuda la Junta de Andalucía por el turno de oficio y gastos de funcionamiento a los letrados granadinos de capital y provincia, que mantienen suspensiones en varios de sus servicios, entre otros motivos, por estos impagos.

Así lo ha informado hoy la organización colegiada en un comunicado, en el que precisa que, a día de hoy y descontando el pago recibido el pasado viernes, la deuda asciende en concreto a un total de 1.359.889 euros.

Esta cantidad se corresponde con 278.470 euros adeudados por gastos de funcionamiento, mientras que el resto del importe es del turno de oficio, al que se debe la totalidad del segundo trimestre y el 30,27 por ciento del primer trimestre.

La Junta de Gobierno del Colegio acordó en la tarde de ayer celebrar una nueva Junta General Extraordinaria el próximo 11 de noviembre para decidir sobre la continuidad o la suspensión de las medidas adoptadas “a la vista de la consecución total o parcial de las reivindicaciones planteadas”.

El Colegio también se ha referido a lo expresado al respecto por el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, que a su juicio asumió “como propias” las reivindicaciones de los abogados granadinos en cuanto a la situación de la justicia gratuita, indica el comunicado.

En el encuentro de ayer la Junta de Gobierno reconoció las competencias del Consejo Andaluz como “interlocutor válido” ante la Junta en materia de justicia gratuita, sin que ello supusiera impedimento para que los abogados granadinos puedan adoptar libremente los acuerdos que estimaran convenientes.

En este sentido, el Colegio de Abogados comparte con el Consejo Andaluz su deseo de normalizar la prestación de los servicios de justicia gratuita, pero también que la Junta de Andalucía cumpla sus compromisos y obligaciones legales.

Al respecto, el decano de los abogados granadinos, Eduardo Torres, ha recordado que las medidas adoptadas no tienen una finalidad únicamente económica, sino que el motivo principal es la dignificación del servicio y la prestación del mismo “en condiciones compatibles con lo que demanda la sociedad”.

Recuerda además que la medida de suspensión durante cuatro horas los martes de la asistencia al detenido no supone el incumplimiento de la Ley, que concede al letrado un plazo de ocho horas para comparecer en el juzgado o el centro de detención desde que es llamado.

La Junta de Gobierno se celebró ayer después de que el consejero andaluz de Justicia, Francisco Menacho, advirtiera el pasado lunes en Córdoba que la Junta “actuará” si continúa la situación en estos servicios.