EL AYUNTAMIENTO PONE EN MARCHA EL REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VPO

Desde el inicio de mandato, el equipo de gobierno de Salobreña viene trabajando para regularizar la la adjudicación de viviendas de VPO, adaptándolo a la legislación vigente. Lo primero que se ha llevado a cabo es la creación de una Oficina de Vivienda que gestionará todos los procedimientos.

 Y en segundo lugar, y lo que es más importante, se está actualizando ese listado que existía, creando un Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de acuerdo con los criterios y baremos que establece la Ley de 1 de julio de 2009 por la que se regula la selección de los adjudicatarios  de vivienda protegida. 

Según dicha Ley, el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida es el instrumento básico para la determinación de las personas solicitantes de la vivienda protegida y los Ayuntamientos están obligados a crearlo  y  mantenerlo en las condiciones reglamentadas por la Ordenanza municipal. Una Ordenanza que ya existe pero que el equipo de gobierno llevará al próximo pleno para su modificación con el objetivo de establecer una baremación más completa.

Además, se establecen otras modalidades de adquisición además de en propiedad, como son el alquiler o el alquiler con opción a compra.

“Hasta ahora, manifestaba el alcalde de Salobreña, Gonzalo Fernández Pulido,  la adjudicación era muy arbitraria ya que tan solo se tenía en cuenta la antigüedad de inscripción en ese listado, sin embargo a partir de ahora, con la nueva Ordenanza habrá  se valorarán otros criterios,  garantizando los principios de igualdad y transparencia que harán más justa dicha adjudicación”. 

En estos momentos, ya está en marcha una promoción de una veintena de viviendas de VPO, en el antiguo matadero, por lo que se informa a todos aquellos que hayan solicitado una vivienda protegida  o que deseen hacerlo por primera vez, acudan a la nueva Oficina de Vivienda, para rellenar la solicitud oficial a fin de poder ser incluidos en ese Registro Público, que con carácter de base de datos, irá adjudicando las viviendas según el puesto ocupado en base a unos criterios objetivos, y no por sorteo como se hacía hasta ahora.