Problemas técnicos y económicos, el trasfondo del nuevo parón de la A-7

Granada Hoy.- La posible paralización del tramo Lobres-Taramay va cobrando fuerza a medida que se acerca el viernes, fecha que figura en las cartas de notificación del fin de los contratos de obra de decenas de trabajadores de este trozo de la A-7. 

Fuentes cercanas a FCC, concesionaria de la obra, confirmaron ayer que el problema para que la obra no continúe es que no han recibido por parte de Fomento la autorización administrativa técnica firmada por el Ministerio. De ahí que teman seguir adelante ante el temor de "si pasa algo". Por tanto, la empresa carece del permiso necesario para seguir la obra correspondiente al modificado del proyecto, ya que se tuvieron que replantear dos túneles de dos kilómetros en el término municipal de Almuñécar. 

De hecho, las mismas fuentes aseguran que la constructora tendría que haber recibido el expediente esta misma semana y no está en su poder. Por tanto, "no hay un ERE, no se trata de eso, sino de que no pueden continuar una obra hasta que no tengan ese papel". También se preguntan la razón "y el interés" del Ministerio de no dar este expediente a la compañía. 

Respecto a la explicación que ofreció Fomento sobre la reestructuración del ritmo de los trabajos en la zona por el inicio de la época otoñal, las mismas fuentes la rechazan de plano, aunque sí admiten que "se producen más contrataciones en verano". 

Además, explican que sí es cierto que la obra se rige por el método alemán, aunque dentro de ese documento que falta a la concesionaria también reconocen que "existe un componente económico" y temen que al final haya una "falta de voluntad de pago" o, simplemente, que "no haya dinero". 

También desmontan la teoría de que pueden querer aprovechar la cercanía con las elecciones para renegociar las condiciones con el argumento de que "si esto fuese así, podrían denunciar a la empresa por cometer una ilegalidad y no lo han hecho", comentan las mismas fuentes cercanas a FCC. 

Por todas estas razones, la constructora no continuará la siguiente fase del tramo, "hasta que el expediente correspondiente no esté firmado", aunque declinaron hablar de fechas ni de número de trabajadores implicados. 

Fomento sí aclaró que existen 150 contratos en el tramo y que 10 o 15 de ellos terminarán sus servicios mañana, aunque los empleados directos e indirectos hablan de muchos más. 

La ingeniera y diputada del PP Concha de Santa Ana explicó que la práctica habitual en las obras de toda España es que se ejecute la obra a la vez que se aprueba el proyecto (en este caso de modificado), aunque "no sea correcto desde el punto de vista administrativo". De ahí que sospecha que el trasfondo de este asunto sea un problema de falta de compromiso de pago. 

Por tanto, el Partido Popular, que está efectuando las comprobaciones oportunas "con la mayor de las cautelas" para clarificar la situación, celebrará el próximo sábado un acto a pie de obra en el municipio de Almuñécar, en el que estarán presentes los alcaldes de Motril, Almuñécar y Gualchos-Castell de Ferro, entre otros, para preguntar acerca de esta anómala situación. 

En su opinión, la paralización del tramo Lobres-Taramay se trataría de una consecuencia de los recortes que se están produciendo en Granada en cuanto a obra pública por parte del Ministerio de Fomento. 

De Santa Ana explica que el método alemán no implica una ausencia total de compromiso económico hasta el año de finalización de la obra por parte del Gobierno, sino que el Estado adquiere la obligación de pago cuando se está ejecutando, de ahí que compute como déficit y debe ser cuantificada la cantidad en el presupuesto de ese ejercicio. Mientras que la empresa no tiene el compromiso de pago por parte de Fomento (como aval) no puede recibir financiación por parte de las entidades de crédito que hayan decidido financiarle, según explica la candidata del PP.