Obligan al Ayuntamiento de Salobreña a devolver el IBI cobrado a propietarios de segunda residencia

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado nulo el acuerdo plenario alcanzado por el Ayuntamiento de Salobreña (Granada) el 29 de diciembre que establecía gravar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a aquellos propietarios no empadronados en el municipio que poseen una segunda residencia, obligando ahora a devolver lo cobrado de manera ilegal. 

El Alto Tribunal andaluz ha estimado en su sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el recurso interpuesto por varios particulares de las Comunidades de Propietarios de las urbanizaciones Cala Verde, la Fragata III, y Mayfosol, que consideraban que la subida del impuesto, que pasó del 0,65 al 1,10 por ciento, suponía "una agravio o discriminación" entre los propietarios de bienes inmuebles según su condición de residentes en la localidad. 

Asimismo, censuraban que el Ayuntamiento decidiera igualmente conceder una subvención anual por el importe equivalente al aumento del recibo de IBI a los empadronados, que ha sido más bien, según los demandantes, "un beneficio fiscal que vulnera el principio de legalidad de los artículos 9.3 y 103.1 de la Constitución", así como lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, según consta en la resolución, avanzada este lunes por el diario ’Ideal’ de Granada. 

El Ayuntamiento de Salobreña, gobernado anteriormente por el PP y ahora por el PSOE, calcula que las cantidades que tendrá que abonar a los perjudicados ascenderá a un millón de euros, lo que pondrá en "serio problema a la ya maltrecha economía local", según ha indicado a Europa Press el alcalde del municipio, Gonzalo Fernández Pulido. 

El primer edil, que estando en la oposición ya criticó duramente la medida puesta en marcha por el exalcalde, Jesús Avelino, ha indicado que el Ayuntamiento ya ha interpuesto recurso contra este fallo ante el Tribunal Supremo, aunque teme que la sentencia sea ratificada y declarada firme, puesto que la medida aprobada, según Fernández Pulido, es "claramente ilegal". 

El Ayuntamiento, que ya está estudiando cómo devolver el importe del impuesto cobrado, baraja hacerlo mediante una compensación en los recibos futuros de IBI de los propietarios, de manera que la deuda pueda saldarse gradualmente.