Denegadas el 20% de las resoluciones por la crisis de la E-coli a los productores de Granada

La Consejera de Agricultura, Clara Aguilera, se dio mucha prisa a finales de agosto en anunciar a bombo y platillo, en su visita a Motril, las resoluciones positivas de cuarenta y cuatro  expedientes de ayudas solicitadas por productores afectados por la crisis de la E-coli (tres OPFH y 41 agricultores particulares) de un total de 547 expedientes presentados en nuestra provincia, pero los pagos no se hicieron antes de la fecha establecida en la normativa comunitaria, el 15 de octubre, y a la hora de la verdad se han denegado cerca del 20% de las indemnizaciones, en la mayoría de casos de forma injustificada. 

Las resoluciones negativas que han recibido recientemente los afectados, fundamentalmente productores de calabacín y tomate, están llenas de contrasentidos y arbitrariedades. La mayoría de ellas se refieren a cosecha en verde (productos cosechados antes del inicio de cosecha normal, no siendo aptos, por tanto, para la comercialización) y algunas a renuncia a efectuar la cosecha (arranque de plantas o destrucción de la producción para destinarla a vertederos, biodegradación o alimentación animal), dos de las opciones que establecía el Reglamento de Ejecución UE nº 585/2011) recogidas en la Resolución 24 de junio de 2011 de la Dirección General de Fondos Agrarios de la Consejería de Agricultura y Pesca. Ninguna resolución fue rechazada con respecto a la retirada de productos, la tercera de las opciones establecidas en la normativa (eran las menos, apenas nueve en nuestra provincia). 

Todas son operaciones de gestión de crisis (no prácticas de cultivo normales) que se contemplan como medidas excepcionales. La propia Consejería dio las instrucciones para pasar los controles: declaraciones previas en modelo oficial y declaraciones juradas de los daños, así como fotografías demostrativas de las acciones realizadas sobre el destino de los productos, no siendo por tanto necesario ejecutarlas en presencia de la Administración.

Ahora resulta que la propia Administración desestima un volumen importante de solicitudes sin tener en cuenta esas pruebas. ASAJA GRANADA considera que la Administración autonómica está siendo cicatera en la interpretación de la normativa, escatimando compensaciones a quienes verdaderamente les correspondían y se pregunta si el problema está en que no se ha recibido suficiente dinero y se han eliminado demandantes buscando motivos formales (el montante para Granada fue de 6.936.543 euros de los 71 millones repartidos en Andalucía). También se pregunta por qué la mayor parte de los eliminados son agricultores no integrados en Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH).