Gobierno dice que sólo autorizará prospecciones en Motril si se garantiza la protección ambiental

El Gobierno asegura que las prospecciones marítimas de hidrocarburos autorizadas en 2010 a CNWL Oil España, S.A. frente a las costas de Motril, en Granada, sólo se realizarán si la empresa garantiza que cumple todas las medidas de protección medioambiental de la zona, y argumenta que actualmente no existen razones "técnicas suficientes" para prohibir estos permisos.

En respuesta a una pregunta escrita del diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Alberto Garzón, que recoge Europa Press, el Ejecutivo de Mariano Rajoy señala que el real decreto de diciembre de 2010 en el que se da luz verde a los permisos de investigación de hidrocarburos Chinook A, Chinook B, Chinook C y Chinook D incluye ya las medidas de Protección Medioambiental pertinentes.

Además, condiciona los permisos de investigación al cumplimiento de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos (LEIA), que exige la realización de un informe ambiental a la campaña sísmica Chinook, en Málaga y Granada, cuyos resultados serán trasladados al promotor junto con un documento estableciendo el alcance y el nivel de detalle que debe tener el Estudio de Impacto Ambiental para poder acceder a los permisos pertinentes.

"La normativa vigente establece cautelas, medidas y garantías suficientes para el adecuado desarrollo de la investigación desde el punto de vista de la protección del medio marino", asegura el Gobierno, señalando que CNWL Oil España, S.A. deberá realizar un estudio de impacto medioambiental que "identificará y cuantificará todos los posibles impactos que podrían causar las operaciones que se pretenden realizar". 

Evaluaciones individuales

Así, "las prospecciones sólo se llevarán a cabo si, como especifica la LEIA, se cumplen las condiciones que en su día establezca la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para una adecuada protección del medio ambiente", con evaluaciones individuales de cada proyecto en las que se tenga en cuenta los "potenciales impactos negativos sobre el medio ambiente" de manera específica.

Por todo ello, el Gobierno explica a Garzón que actualmente "no hay argumentos técnicos suficientes que justifiquen una prohibición genérica de las prospecciones".