IZQUIERDA UNIDA LLEVARÁ A PLENO UNA MOCIÓN DE RECHAZO A LA NUEVA LEY SOBRE REFORMA DE TASAS JUDICIALES

 IU de Motril a través de su portavoz Felipe Villa anuncia hoy, que llevará al Pleno del próximo viernes,  una propuesta  para  que el Ayuntamiento inste al Gobierno de la nación a derogar la nueva Ley sobre reforma de tasas judiciales  ya que resulta un nuevo atropello al Estado de Derecho y fomenta las desigualdades.

Villa, en representación de la formación de izquierdas tacha esta medida como “ley de atraco judicial” ya que éstas supondrán un nuevo golpe al estado de derecho al hurtar a miles de personas la posibilidad real de defenderse a favor de grandes compañías y fortunas, que se blindarán aún más contra cualquier reclamación, ya sea laboral o civil.

Izquierda Unida ha emprendido una ofensiva explicativa y de denuncia contra esta ley debido a que la implantación de esta norma supondrá que no se puedan ejercer adecuadamente “los derechos de los trabajadores, de los consumidores o de cualquier ciudadano” ante las administraciones públicas. Esta  nueva Ley viene a introducir una serie de modificaciones, justificadas con la coyuntura económica que vivimos y con la urgencia de equilibrar unos presupuestos públicos que han devenido deficitarios, aun a sabiendas de que la justicia gratuita en el orden social tiene una nula incidencia en los presupuestos de las administraciones públicas. Por eso, incluye un intento de justificación específica cuyo contenido es absolutamente reprobable:

“Se suprime el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita a todos los trabajadores, con independencia de sus ingresos, equiparándose al régimen general de los demás órdenes”

En IU recuerdan que “incierto que las Administraciones responsables de la justicia gratuita hayan solicitado acabar con este reconocimiento, pues sabemos de muchas Comunidades Autónomas que no lo han planteado por estar en desacuerdo”. Insisten, además, en que “es rechazable que el sistema vigente genere disfunciones, y menos aún que suponga un privilegio para los trabajadores. Se trata de lo contrario: de compensar aunque sea parcialmente la posición de dominio de otros”.

El edil hace un repaso histórico, haciendo notar que “el derecho a la asistencia jurídica gratuita de los trabajadores viene rigiendo ininterrumpidamente en nuestro país desde hace más de un siglo: tanto las leyes sobre comités paritarios, como la de jurados mixtos de la República, al igual que las leyes procesales laborales de la dictadura, o las promovidas en la democracia por los Gobierno de la UCD y del PSOE lo han mantenido. Ni el franquismo planteó eliminar la justicia gratuita en el orden social”.

En Izquierda Unida entienden, en definitiva, que “ni hay razones económicas o presupuestarias que fundamenten una medida de este tipo, ni disfunciones en un proceso como el laboral que viene siendo modélico para los procedimientos en otros órdenes jurisdiccionales, ni tampoco se trata de un privilegio para los trabajadores, sino de una compensación de la desigualdad laboral primaria que soportan”.

Pero no sólo afecta a los trabajadores sino también a la generalidad de ciudadanos, pues “con el efecto disuasorio de carácter económico que se impone se está dificultando la aplicación del derecho fundamental a la Tutela Efectiva del art. 24 de la Constitución y se está creando una administración de justicia tan solo para quienes tengan posibilidades económicas, es decir, para los ricos”, insiste Villa.

De igual forma, el edil de IU  ha denunciado  que el Ministerio de Justicia haya actuado con “improvisación, de forma chapucera y contra los ciudadanos” al poner en marcha esta medida a toda velocidad, hasta el punto de que aún estando en vigor “no se puede aplicar en la práctica porque ni siquiera tienen preparados los formularios para ello, dejando entrever las prisas con las que actúa el PP en temas de interés nacional, donde se ponen en juego los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas”.

Por todo lo anterior, Izquierda Unida, en boca de su portavoz, Felipe Villa, llevará al Pleno del próximo viernes,  una propuesta  para  que el Ayuntamiento inste al Gobierno de la nación a derogar la nueva Ley sobre reforma de tasas judiciales  ya que resulta un nuevo atropello al Estado de Derecho y fomenta las desigualdades.