Diputación pide a sindicatos que reclame a la Junta la financiación de los servicios comunitarios

La diputada delegada de Familia y Bienestar Social, Marta Nievas, ha explicado que la administración autonómica “es la que tiene las competencias y es la que tiene que asumir ese coste económico” 

El equipo de Gobierno provincial ha emplazado hoy a los representantes sindicales de los trabajadores de los Servicios Sociales Comunitarios que trasladen sus peticiones a la Junta de Andalucía. “Ha llegado el momento en que ellos mismos son los que tienen que pedirle a la Junta de Andalucía que siga financiando los programas que ha dejado de financiar”, ha explicado Marta Nievas, diputada delegada de Familia y Bienestar Social, que ha recordado que la finalización de estos programas y la falta de financiación de la Junta de Andalucía son las causas por las que 24 trabajadores tendrán que dejar de prestar sus servicios a partir del mes que viene en los centros de Servicios Sociales Comunitarios. 

“La Diputación lleva mucho tiempo adelantando el dinero y haciendo frente a un coste económico muy importante cuando no son sus competencias”, ha aseverado la diputada de Familia y Bienestar Social que ha destacado que la administración autonómica “es la que tiene las competencias y es la que tiene que asumir ese coste económico” pese a que los representantes sindicales estén dirigiendo sus protestas hacia la Diputación cuya “situación real económica, que es bastante complicada, desconocen”. 

Marta Nievas trasladó a los sindicatos toda la información y las gestiones que se está realizando en torno a este asunto, en una reunión que tuvo lugar el viernes pasado en la Diputación con la plataforma que representa a los trabajadores y los sindicatos en la que “pudimos escuchar de primera mano sus inquietudes”. 

“La finalización de programas y la falta de financiación por parte de la Junta de Andalucía es el motivo fundamental por el que 24 personas no van a poder seguir prestando sus servicios”, ha destacado Nievas que ha criticado que “ellos hablan de despidos, y de desmantelamiento de los Servicios Sociales cuando hay una realidad, y es que esa petición tendrían que trasladarla a la Junta de Andalucía” que, de seguir financiando esos programas, evitaría que los trabajadores tuvieran que dejar de prestar sus servicios en los centros de Servicios Sociales.

 “Las competencias en materia social son del Gobierno andaluz y las diputaciones no pueden seguir prestando o haciendo el trabajo que la Junta de Andalucía no hace”, ha finalizado la diputada de Familia y Bienestar Social que ha puesto sobre la mesa que la administración autonómica “a estas alturas tampoco se ha pronunciado sobre los programas que finalizan el año que viene” y que afectan a más trabajadores del sector de los Servicios Sociales en la provincia. 

En los trece centros de Servicios Sociales Comunitarios en la provincia, la Diputación va a mantener la estructura básica de funcionarios que garantizan una prestación de calidad a los funcionarios. En paralelo a estos funcionarios, hay personas que trabajan adscritas a programas para los que la Junta de Andalucía ha dejado de mandar la financiación correspondiente tras ponerlos en marcha en los últimos años.