Salobreña firma un convenio por el que se compromete la combatir los desahucios en la Comunidad

El Alcalde de Salobreña, Gonzalo Fernández Pulido asistía esta mañana al acto de firma del convenio impulsado por la Consejería de Fomento y que ha estado presidido por la titular de la misma en el Gobierno Andaluz, Elena Cortés.

De esta manera, la Villa se une a la lucha para combatir los desahucios en la Comunidad que cuenta ya el respaldo de 183 Ayuntamientos. 

El Ayuntamiento de la Villa, junto a otros Municipios de la provincia, firmaba esta mañana en la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía su adhesión al  Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda. 

El acuerdo garantiza el desarrollo y aplicación efectiva en Salobreña de los servicios de asesoramiento, intermediación y protección ante los desahucios que contempla el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, ayudando a aquellos ciudadanos que presenten problemas económicos para afrontar el pago de las cuotas del préstamo hipotecario o el arrendamiento de su vivienda habitual, tal como explicaba Gonzalo Fernández Pulido. 

“Con carácter de urgencia y mediante los servicios sociales se hará un informe sobre la situación social y económica de los demandantes para poder ofrecerle a aquellas familias que han sido desahuciadas y que cumplan con los requisitos, una vivienda de titularidad pública o un alquiler social”. 

Cortés por su parte ha querido felicitar a los Municipios firmantes   "por integrarse en este bloque institucional andaluz para la defensa de las víctimas de la crisis". Además, ha subrayado que "la entrada en vigor del decreto-ley de la función social de la vivienda ha permitido reforzar la labor que desempeñan las oficinas, ya que disponen de un instrumento muy valioso para defender los intereses de los ciudadanos". "El decreto introduce un cambio radical en  la concepción de la vivienda, que pasa de ser una mercancía sometida al albur de la especulación inmobiliaria a un derecho humano fundamental", ha destacado la titular de Fomento, que ha añadido que "da una respuesta contundente a una situación de evidente emergencia social".

"Nuestra obligación es defender el interés general y el decreto-ley se ubica justo en el lugar que le corresponde, al lado de las víctimas".