Diputación anuncia acciones legales contra la Junta de Andalucía por no invertir en depuradoras pese al canon que cobra

Sebastián Pérez critica que a los alcaldes “les están multando porque vierten el agua de manera indebida y sin depuración” siendo la administración autonómica la responsable de ejecutar las infraestructuras hidráulicas pendientes en la provincia

La Diputación de Granada pondrá en conocimiento de la Fiscalía la comisión de posibles delitos medioambientales bajo la responsabilidad de la Junta de Andalucía por la no depuración de aguas en los municipios que carecen de las depuradoras correspondientes por la falta de inversión de la administración autonómica. Serán “acciones legales” para que “la Justicia determine qué se debe hacer y qué dinero se debe invertir” en infraestructuras hidráulicas, relacionadas principalmente con el ciclo integral del agua, en la provincia de Granada porque los alcaldes “no pueden seguir ni un minuto más en la situación en la que se encuentran”. Así lo ha anunciado hoy en el pleno de la Corporación Provincial su presidente Sebastián Pérez. 

El presidente se ha mostrado especialmente crítico con la “paradoja” derivada de que “la Junta de Andalucía impone un canon a todos los ciudadanos de la provincia en su recibo del agua para que paguen todos los meses un euro para hacer inversiones en infraestructuras hidráulicas” y, pese a que posteriormente no las ejecuta, “denuncia a los ayuntamientos por no hacer depuración de aguas”. Ello ha derivado en que “alcaldes de todos los signos políticos, extrañados y sorprendidos” por esta situación hayan trasladado su preocupación al presidente de la Diputación que ha determinado “como en otras provincias, abrir un procedimiento judicial y ponerlo en conocimiento de la Fiscalía”.  

“Les están multando porque vierten el agua de manera indebida y sin depuración” por la falta de depuradoras, materia en la que “desgraciadamente para el Grupo Socialista, la responsabilidad no es del señor Rajoy”, ha reseñado Sebastián Pérez que ha incidido en que toma esta decisión porque “me lo piden los alcaldes”. Es una iniciativa “en defensa de los 168 municipios de la provincia de Granada” y, en especial, de los “300.000 ciudadanos del Área Metropolitana que no pueden depurar sus aguas”. 

En este sentido, el equipo de Gobierno ha aprobado hoy en el pleno una moción en la que se exige a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Pesca que transfiera a los ayuntamientos granadinos el importe de las sanciones por vertidos debido a la falta de depuración de aguas residuales pues la Junta, como administración competente, no ha ejecutado las 69 actuaciones contempladas en la provincia por el cobro a los municipios del canon de mejora de las infraestructuras hidráulicas. 

Muchas de estas infraestructuras tendrían que haberse ejecutado con fondos de la Unión Europea especialmente destinados a estas obras en zonas con espacios protegidos como la comarca de la Alpujarra. 

“Con el canon de mejora, la Junta de Andalucía ha ingresado en Granada 20 millones de euros pero las obras de depuración siguen sin realizarse”, ha denunciado el portavoz del equipo de Gobierno provincial, José Torrente, para quien “no es razonable que se esté sancionando a los ayuntamientos por no depurar cuando el Gobierno andaluz, que cobra el canon, no construye las depuradoras correspondientes”.