Almuñécar y Vélez de Benaudalla (PP) rechazan la Reforma de la Administración Local de su partido

Ochenta ayuntamientos de la provincia han acordado pedir al Tribunal Constitucional que pare la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que entró en vigor el pasado 1 de enero, al considerar que vulnera la autonomía municipal garantizada en la Constitución. Según ha explicado la secretaria general del PSOE de Granada, Teresa Jiménez, la decisión de estos ayuntamientos responde a una iniciativa del PSOE, que ha presentado mociones en todos los municipios para presentar un recurso de inconstitucionalidad.

Teresa Jiménez ha precisado que en esos ayuntamientos, donde se aprobó la propuesta por mayoría absoluta, el PP solo votó a favor en  Albuñuelas, pero en otros casos, como Almuñécar, Loja o Vélez de Benaudalla, permitió con su abstención que la iniciativa fuera aprobada  por mayoría absoluta. Según la representante socialista, en Monachil la propuesta salió adelante con el apoyo de un concejal del PP y en Albolote los populares votaron en contra, pero su socio de gobierno apoyó el recurso.

“Esta ley quita competencias a los ayuntamientos, vulnerando con ello la garantía constitucional de la autonomía local; arrebata a los municipios la capacidad de prestar determinados servicios mínimos obligatorios; y supone la antesala a la privatización de éstos, al pasar a depender de la Diputación de Granada”, ha indicado. En su opinión, los efectos de la reforma local pueden ser demoledores en la provincia, donde el 95 por ciento de los municipios tiene menos de 20.000 habitantes. “Esos municipios son los más perjudicados por una reforma que da a las diputaciones la capacidad de decidir y prestar o no los servicios públicos en esas poblaciones, salvo que éstas demuestren que pueden hacerlo a un coste menor que el que establezca la propia Diputación”, ha agregado.