El PSOE rechaza la decisión del Gobierno del PP de entregar los registros civiles a los registradores de la propiedad

La portavoz del grupo municipal socialista, Flor Almón, ha expresado su rechazo a la decisión del Gobierno del PP de entregar los registros civiles a los registradores de la propiedad, “privatizando así un servicio público esencial para convertirlo en negocio privado y mercantilizar los datos de los ciudadanos”. Almón ha subrayado que esta medida desmantela un servicio público que además va a suponer la pérdida de empleo. 

Flor Almón ha explicado que el Gobierno de Rajoy pretende cobrar unas tasas de entre 40 y 60 euros que tendrán que pagar los ciudadanos por cada uno de los trámites que ahora son gratuitos, como la expedición de partidas de nacimiento, certificados de defunción y de matrimonio y expedientes de cambio de apellidos. 

“Deberían garantizarse la continuidad de la normativa actual, que permite a nuestros vecinos inscribir, gratuitamente, el nacimiento de sus hijos. Y también que los responsables y empleados de los registros sean funcionarios públicos que accedan a su puesto de trabajo conforme a los principios de igualdad, merito, capacidad y publicidad establecidos en la Constitución”, ha declarado. 

Flor Almón ha evidenciado que la clave de esta medida es que hay un negocio estimado de entre 56 y 90 millones de euros anuales.

“Esa es la razón por la que el PP quiere privatizar los registros civiles. Hay casi un millón y medio de trámites al año, por lo que el cobro de unas tasas que ahora son gratuitas y que los ciudadanos ya pagan con sus impuestos, supondría un gran negocio para los registradores, curiosamente la profesión de nuestro Presiente del Gobierno”, ha incidido. 

Y es que el impacto que tendría esa medida en la provincia de Granada, donde los registros civiles tramitan 8.000 inscripciones de defunción, unas 3.100 inscripciones de matrimonio y 9.100 nacimientos afectaría, según ha informado Flor Almón, a un mínimo a 20.000 familias granadinas. “Esto supone un impacto económico entre los 800.000 euros y 1,2 millones al año para los ciudadanos de la provincia de Granada”, ha aclarado. 

Por último, desde el PSOE, su portavoz ha rechazado la posible mercantilización de los datos personales de los ciudadanos. Flor Almón ha criticado que los trámites que ahora se hacen en el registro y que afectan a datos de carácter personal protegidos ahora por la Ley de Protección de Datos podrían ser “mercancía sin garantías de confidencialidad”.