Jesús María Cascón Murillo.- Señoras y señores: estamos asistiendo, probablemente, al mayor caso de fraude con fondos públicos de la historia de España. No de la historia moderna, o la contemporánea, no. De toda. Y está pasando en Andalucía, en nuestra tierra, donde la presunta confabulación entre empresarios sin escrúpulos y funcionarios con menos escrúpulos urdieron, otra vez presuntamente, una red de engaños tan extendida que ni siquiera la unidad de delincuencia económica y fiscal sabe por dónde empezar a meter mano. Y ante el monstruoso fraude, el honorable señor Luciano Alonso escoge la más "elegante" y surrealista forma de esquivar el golpe: atacando al aire.
Hubiese sido más correcto, más cortés y más valiente declarar aquello tan socorrido de "contribuiremos a esclarecer estos casos, llegaremos al fondo del asunto y averiguaremos todos los recovecos de esta trama". Pero, por si no se habían dado cuenta, el consejero pertenece a una Junta de Andalucía que jamás ha cambiado de signo político en su escala de poder. Siempre ha estado gobernada por el mismo partido lo que significa (en efecto, han acertado), que si alguien de dentro de la administración pública está enmierdado es de los suyos. Tal cual.
El caso Malaya arrojó un monto total defraudado de 2.812 millones de euros. Ahora mismo supera a la Operación EDU (de la que estamos hablando en este artículo) en 812 millones, lo que la coloca en segundo lugar. Pero la operación Malaya ya está cerrada y su cuantía de fraude ya no puede aumentar. Esta sí. Diversos especialistas en la materia sospechan que el montante puede llegar hasta los 3.100 millones de euros. Para vomitar.
Les contaré un caso real, absolutamente real, de una persona a la que conozco sobradamente y sobre la que pesó, por desgracia, la pena de una crisis que acabó con sus huesos en la oficina de empleo. Se presentó a unos cursos de formación para acumular puntos y experiencia con el objetivo de un futuro laboral auspiciado por la ayuda de la Consejería de empleo de la Junta. No contento con ello, se apuntó al plan de ayuda de búsqueda de empleo, un servicio adicional que consiste, básicamente, en recibir asesoramiento de "especialistas" que te enseñan, básicamente, a rastrear en busca de un empleo que se ajuste a tu perfil laboral. Le llamaron para presentarse al primero de los cursos pero se llevó la desagradable sorpresa de una persiana echada en la primera cita. Fue a la mañana siguiente y le explicaron que en la oficina de empleo le habían dado mal la hora, mientras le indicaban que su curso no podía empezar de momento porque su clase no tenía aún suficientes alumnos. Fue en el mes de mayo de un año no demasiado lejano al actual. Las previsiones de la empresa que daba los cursos era de comenzar sus clases "aproximadamente en julio". El lugar donde estaba ubicada la empresa de cursos de formación cerró un mes antes.
Presentó solicitudes para cuatro cursos más en el periodo de dos años. No pudo asistir a ninguno de los cursos para los que se apuntó porque no se celebraron. Y unos meses más tarde también comprobó que la oficina del sindicato que daba los cursos de orientación profesional también había colocado el candado. Todo raro y sospechoso pero, sobre todo, lamentable y propenso a un ataque de ira. Una frustración para una persona que sólo quería aumentar su currículum, perfeccionar sus habilidades laborales y seguir esperanzado en encontrar un empleo. Por la vía de la Junta no iba a ser.
Cierto día recibió una llamada de su oficina de empleo en la que le instaban a que se presentara en sus dependencias para renovar la tarjeta de desempleo. Los mandó a paseo, directamente. Se convirtió en un paria laboral y dedicó su tiempo y su esfuerzo en buscar trabajo por su cuenta, hacer trabajos por su cuenta y manejar algunas tareas por la vía subterránea, sin impuestos ni declaraciones de por medio. Sigue subsistiendo como puede, pero en cualquier caso no tiene nada que agradecer a los servicios de empleo de la Junta. Al contrario, echa pestes cuando se lo recuerdas.
Tras conocer este caso, que ni mucho menos es aislado y que, aunque así lo parezca, no ocurrió en Granada sino en otra provincia andaluza, cualquiera puede pensar, sin temor a equivocarse, que este timo ha sido tan común en nuestra comunidad que apesta de lejos. Empresas que abren una oficinilla para recibir subvenciones y, cuando tienen la pasta en el banco, cierran la puerta y se mudan a otra parte. Y los damnificados, los desempleados, que les zurzan. Pero claro, esto no parece real, lo que realmente parece, según el inútil y descerebrado de Luciano Alonso, Consejero de Educación, es que "Interior ha montado una causa general contra el gobierno de Susana Díaz". Sí, claro, por supuesto, todo es un contubernio para echar por tierra el buen nombre de una persona, un gobierno o un partido. A mi amigo le comenté las declaraciones de marras de este impresentable. No reproduzco la respuesta porque es un pelín fuerte, pero más o menos lo mandó a enfriar pepinos.
Estos son los gobernantes que tenemos, los que han aprovechado la oportunidad para llenarse los bolsillos con dinero de todos, unidos a los que ponen pantallas de humo para que no se esclarezca la verdad. Estos son, ni más ni menos. Y a estos les votaron muchos millones de andaluces, personas que han depositado su confianza en un puñado de políticos que, durante más de dos decenios, han demostrado pocas cosas, pero una de ellas sí que está clara: Andalucía avanza... hacia el estercolero.
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