Los municipios granadinos de más de 20.000 habitantes elaborarán Planes Urbanos de Movilidad Sostenible

Los municipios granadinos de         más         de 20.000 habitantes deberán elaborar Planes Urbanos de         Movilidad         Sostenible. Así lo recoge el anteproyecto de la Ley Andaluza de         Movilidad Sostenible, aprobado el 16 de septiembre y que el         Consejo         de Gobierno prevé llevar al Parlamento en el segundo periodo de         sesiones de 2015. A Granada capital, Motril, Almuñécar, Armilla, Baza, Loja y Maracena se         sumarán en esta obligación legal todos los municipios en los que         el         Plan Territorial de Movilidad Sostenible de la Aglomeración         Urbana         de Granada, actualmente en elaboración, detecte problemas,         carencias         o necesidades especiales en materia de movilidad.
 
 Los Planes Urbanos incluirán:         un         diagnóstico de la movilidad y su evolución previsible; patrones         de         movilidad en las relaciones con los municipios vecinos; trazados         de         plataformas reservadas para el transporte público; trazados de         vías         ciclistas y peatonales; medidas para el fomento de la         intermodalidad         y la recuperación del espacio público libre de vehículos; mapas         de         zonas de calmado de tráfico; caminos escolares seguros; una         planificación de infraestructuras con programas de inversiones y         previsión de costes de mantenimiento; objetivos concretos a         lograr         en materia de movilidad sostenible; un estudio económico que         contemple sus instrumentos de financiación; y un informe de         costes         externos de todas las actuaciones recogidas. 
 
 Dichos Planes Urbanos deberán,         a         su vez, identificar los centros generadores de movilidad de sus         municipios, entre ellos centros de trabajo con 200 o más         personas;         centros educativos con más de 250 personas, entre alumnado y         profesorado; polígonos industriales y parques empresariales;         grandes         superficies minoristas y centros de ocio; hospitales, centros de         salud y establecimientos sanitarios que cuenten con más de 250         personas entre usuarios y personal; estadios, pabellones         deportivos y         edificaciones donde se desarrollen espectáculos con gran         afluencia         de público.
 
 Costes externos
 
 “La Ley incidirá en los mismos         principios de La Ciudad Amable: más transporte público, más         bicicleta y rentabilidad social garantizada en todos los         proyectos de         infraestructuras, que deberán incluir no sólo un informe de         viabilidad económica, sino también de costes externos. Es decir,         de         costes ambientales, sociales y sobre la salud pública”, ha         explicado la consejera, que ha recordado que Andalucía es “la         primera comunidad que establece este requisito”. Todos los         Planes         Urbanos deberán incluir informes de costes externos.
 
 “La Ley --ha señalado Cortés--         también promoverá un modelo de ciudad compacta y fácil de surtir         de servicios”. La consejera ha explicado que “el anteproyecto         establece que los promotores de nuevas urbanizaciones que         generen más         necesidades de movilidad, y por lo tanto de infraestructuras,         deberán         contribuir a sufragar el coste de las mismas”, lo que incidirá         en         la eficiencia del desarrollo urbanístico y el modelo de ciudad. Es         decir, si un desarrollo urbanístico aislado implica la         construcción         de una nueva infraestructura, el promotor deberá contribuir         económicamente a sufragarla, ha explicado Cortés.
 
       
		
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