DE ANTENAS, INVERNADEROS Y OTROS FANTASMAS por Daniela Paqué (IU)

Hace ocho años, antes de las elecciones municipales, el miedo se llamaba antenas de telefonía móvil: manifestaciones, titulares de periódico y pánico. Un poco después, el terror venía de la mano de la expropiación de las fincas destinadas al Parque Cultivo de Caña, cuyos propietarios casi tomaron el ayuntamiento de Motril de la mano de Luisa María Chamorro. Y algo antes, toda una sublevación de agricultores encabezada por la misma persona y que había propagado la certeza de que la ordenanza de invernaderos que preparaba el ayuntamiento iba a hacer desaparecer la agricultura en el municipio. ¿Alguna de estas catástrofes se materializó? ¿El gobierno del PP eliminó las antenas? No. 

Fiel a su cita, y tras 10 años de gobierno del PP en Motril, su alcaldesa se ha acordado de los agricultores a unos meses de las elecciones municipales. Ha descubierto que el vigente Plan General de Ordenación Urbana es un lastre para la implantación de nuevos invernaderos y que hay 190 hectáreas construidas en suelo prohibido. Por supuesto, en sus 10 años de gobierno, el PP jamás abrió un expediente de regularización ni movió un solo dedo para solucionar este tema. Ha sido el viento claro que sopla desde las elecciones europeas y que viaja raudo hacia las elecciones municipales el que ha iluminado su mente hasta ahora ocupada en fiestas de barrio, parcheado de aceras, guerras políticas internas y asuntos varios en la Diputación Provincial.  

Según la alcaldesa no hay sitio para más invernaderos y se está ahogando la maltrecha economía motrileña. Los datos la contradicen abiertamente. Hay actualmente clasificadas 1910 hectáreas para esta actividad en el municipio de las que quedan sin ocupar del orden de 900 según el informe del jefe de Servicio de Urbanismo del ayuntamiento. Es decir, que en los aproximadamente 30 años que median entre que se colocó el primer invernadero y la actualidad se ha ocupado una superficie cercana a las 1000 hectáreas, algo más de la mitad de lo que hay clasificado. O lo que es lo mismo, que hay suelo libre para otros 30 años.  Y no es que en los últimos meses se haya producido una avalancha de peticiones: en todo 2014 se han solicitado 4 licencias y en 2013, 7 más. 

Segundo tema: hay que legalizar 190 hectáreas de invernaderos construidos en suelos en el que el vigente PGOU no lo permite. Ya indicamos en el pleno municipal que la única solución para aquellas explotaciones situadas en zonas donde fuese posible su normalización era elaborar un nuevo PGOU, y así se lo ha indicado la Consejería de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. Simplemente el procedimiento no ha sido el adecuado. Pero la alcaldesa no buscaba solucionar problemas, buscaba la gresca y la confrontación.

Si hay que clasificar nuevos suelos para esta actividad o para cualquier otra, habrá que hacerlo pero, desde luego, cuando sea necesario, donde sea posible y la legalidad lo permita, lejos de las necesidades de una alcaldesa que necesita de titulares de periódico donde parapetarse frente a la verdadera tragedia de una ciudad abandonada a su suerte, carente de pulso y cuya débil actividad económica está sujeta a los arreglos de despacho.   

Una ciudad en la que se exprime al pequeño empresario y al autónomo, a los humildes, que se gobierna en favor de unos pocos privilegiados que se sitúan por encima de las leyes, que consiguen subvenciones millonarias y a los que se les regala el suelo público. Las mismas leyes que aplastan a los que estamos abajo pagando con nuestro esfuerzo sus vertiginosos sueldos.