COAG considera que no es adecuado que los agricultores y ganaderos tengan que comprometerse a suscribir un seguro que incluya el riesgo de sequía para la próxima campaña para optar a ser beneficiarios de los préstamos que el Ministerio ofrece para paliar los daños causados por la sequía que padecemos. La obligación de contratar un seguro de sequía supondría, según estimaciones de COAG, pagar por herramientas que no son útiles hoy día y cuyo coste es tan elevado que conlleva la pérdida de los beneficios que reportan los préstamos ICO. Desde COAG estamos convencidos de que hay que potenciar el sistema de seguros agrarios, pero el establecimiento de esta obligación va a provocar la desincentivación entre los agricultores para acogerse a las ayudas, ya que en muchos casos el coste del seguro casi las consume. Mañana habrá una reunión de seguros donde COAG mostrará, por lo tanto, su discrepancia en este punto.
Como los daños se han acumulado y las pérdidas aumentan, es necesario que se actualicen las ayudas, medidas y ámbitos territoriales; que se elimine el prorrateo en el caso de que se crezca el número de solicitantes; y que se aumente el periodo de solicitud de préstamos; hay que recordar que el Real Decreto Ley se publicó en junio, hace ya cuatro meses. Los daños en el sector agrario aumentan y ya es necesario que se tengan en cuenta otros sectores que no han sido contemplados en las ayudas publicadas por el MAPA, como son los leñosos. Además, desde COAG se ha solicitado que se acepte a las tierras de retirada dentro de la baremación de cultivos herbáceos, puesto que de lo contrario muchas explotaciones quedarán de forma injusta fuera del ámbito de aplicación de sus hectáreas reduciendo su potencial de financiación por la vía de créditos ICO.
Por otra parte, una vez publicada la Orden 2500/2005 de 29 de julio, por la que se determinan los ámbitos territoriales afectados por la sequía y se establecen los criterios para la aplicación de determinadas medidas previstas en el Real DecretoLey 10/2005, observamos que el asociacionismo agrario queda discriminado al ser excluido de los préstamos de mediación del Instituto de Crédito Oficial. El asociacionismo constituye una organización económica de la producción agraria cuyo objetivo, entre otros, es el desarrollo del sector primario y por este motivo, no entendemos que las cooperativas de producción y las SAT, Sociedad Agraria de Transformación, no puedan beneficiarse de las bonificaciones de dichos préstamos y en todo caso sean penalizadas. Por ello, solicitamos que ante esta dramática y difícil situación para todo el sector, el MAPA tenga en cuenta a cooperativas de producción y SAT en la concesión de bonificación de préstamos estableciéndose, si así fuera oportuno, un máximo para estas asociaciones. Por otra parte, es necesario que se aumente el periodo de tiempo para solicitar los prestamos ICO y que se elimine el prorroateo de los préstamos.
Finalmente, en relación con la medias de moratoria y a la reducción en el pago de las cuotas de Seguridad Social, COAG ha solicitado a la Secretaria de Estado de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que se elimine que la acreditación de daños sufridos por la sequía sea expedida por los Ayuntamientos y las Subdelegaciones y Delegaciones de Gobierno. En este sentido consideramos que estos Organismos no tienen capacidad de facilitar en tiempo y forma la documentación acreditativa de los daños. COAG ha propuesto que esta documentación sea sustituida por una declaración del agricultor o ganadero en el que manifieste que los daños provocados por la sequía han ocasionado pérdidas de producción bruta en cultivos o en aprovechamientos ganaderos, al menos de un 20% en zona desfavorecida y de un 30% en las demás zonas, especificando que cultivos o aprovechamientos se han visto afectados.
