Europa Press.- La Fiscalía de Granada ha solicitado una pena de 10 años de prisión para cada uno de los acusados de ser los patronos de una patera que fue interceptada en las costas andaluzas, junto a la Isla de Alborán, en septiembre de 2013 con 70 personas a bordo, entre ellas siete menores de edad y dos mujeres embarazadas.
Se trata de Slaka D., de 28 años, de Chad; y de Mohamed S., de 25 y de nacionalidad senegalesa, los dos en situación de residencia irregular en España y sin antecedentes penales, a los que se les atribuye provisionalmente un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, por el que serán juzgados el próximo 30 de mayo en la Sección Primera de la Audiencia de Granada.
Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, sobre las 15,35 horas del 10 de septiembre de 2013, agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, a bordo de la ’Guardamar Hamal’ interceptaron una embarcación semirrígida, de unos 10 metros de eslora, en "deficiente estado de conservación" y que transportaba desde Marruecos a 70 pasajeros.
Los inmigrantes, que habían emprendido su travesía desde una playa de Nador, eran de origen subsahariano e iban indocumentados, la mayoría, 46 de ellos, eran hombres, y el resto eran 17 mujeres, dos de ellas en avanzado estado de gestación, y siete menores, tres de ellos bebés y los cuatro restantes menores de ocho años.
La embarcación Hamal procedió con éxito al rescate de los ocupantes, y a la intervención de la patera, patroneada por los dos acusadas y empleada "para llevar a cabo el tráfico clandestino de personas".
Según los informes policiales al respecto, personas no identificadas actuaron "concertadamente para procurar el ilícito tránsito de personas desde Marruecos" y habrían contactado con los ocupantes de la embarcación neumática a través de un intermediario, dándoles instrucciones y recogiéndoles en autobús hasta trasladarlos al punto de la costa en la que se hallaba la patera dispuesta para el viaje. En el trayecto por tierra, según el fiscal, los inmigrantes fueron sometidos a "intimidación" para evitar la identificación de los intervinientes.
Los procesados "asumieron" el mando de la patera como pilotos durante toda la travesía, "actuando con radical desprecio por la vida e integridad" de sus ocupantes, y tenían perfecto conocimiento de la presencia de los siete menores y de las dos mujeres embarazadas.
Así, se hicieron a la mar con tan solo una brújula como elemento de orientación para un viaje con una duración indeterminada y "al albur de las condiciones meteorológicas y estado de la mar", quintuplicando la capacidad objetiva de la embarcación, lo que motivó que algún ocupante sufriera adormecimiento de piernas dado el reducido espacio disponible.
No llevaban ni luces de balizamientos, ni señalización, ni bengalas, en "manifiesta contravención" de la normativa aplicable en materia de seguridad marítima, "y generando de este modo una situación de riesgo", tanto de eventual vuelco por la inestabilidad de la patera o por los oleajes y las corrientes marinas, como por la práctica imposibilidad de alerta en caso de accidente.
Para dificultar su identificación, al ser avistada la embarcación por Salvamento Marítimo, los inculpados abandonaron el lugar que ocupaban junto al motor, confundiéndose con el pasaje simulando ser parte integrante del mismo.
