La Agencia Tributaria ha embargado la devolución de la declaración de la renta del ejercicio 2011 a dos de los cincos consejeros de la empresa pública de limpieza de Motril (Granada), Limdeco, en el marco de las "medidas cautelares" adoptadas debido a la deuda que la entidad mantiene con Hacienda por impago del IRPF de su trabajadores.
Así lo ha explicado a Europa Press una de las afectadas, la edil del grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Motril y consejera de la empresa pública, Concepción Barros Navarro, que supo de esta situación cuando fue a preguntar a la oficina de la Agencia Tributaria los motivos por los que aún no había cobrado su devolución cuando otras personas cercanas a ella ya la habían recibido.
Allí le explicaron que se habían tomado "medidas cautelares y preventivas" hasta que la empresa no responda de su deuda con la Hacienda Pública. Aunque ella relató que "era una simple consejera con un voto que solo representaba el 7 por ciento y, por tanto, realmente no era vinculante en la toma de decisiones", los técnicos de la Agencia Tributaria le contestaron que no podían hacer nada hasta que no se arreglara la situación.
Ante esta situación, la edil ha mantenido un encuentro con el presidente del Consejo de Administración de Limdeco, el edil del equipo de gobierno local José García Fuentes (PP), y la secretaria del Ayuntamiento de Motril, quienes le dijeron que "no me preocupara y que buscarían una solución al problema".
Barros advierte de que tanto ella como su formación esperan una rápida respuesta, ya que de lo contrario se plantea denunciar los hechos ante el juzgado, algo que haría antes de que finalice el plazo para el ingreso de las devoluciones de Hacienda, a finales de año, ya que considera que este asunto está afectando a su vida personal "sin ser responsable de las directrices marcadas para gestionar la empresa".
"Yo siempre que llevan al Consejo de Administración un aumento en los gastos me niego a él y voto en contra. Sin embargo siempre he luchado porque se pague la deuda con Hacienda y la Seguridad Social que alcanza los ocho millones de euros", ha relatado la edil.
De hecho, ha lamentado que, "pese a los acuerdos alcanzados en varias ocasiones tanto con la Seguridad Social como con la Agencia Tributaria para pagar la deuda y las cuantías corrientes", nunca se haya llegado a abonar nada, motivo por el que la deuda se incrementa cada mes en unos 200.000 euros".
Empezó en 2003
Barros ha precisado que la primera auditoría de la empresa se realizó en 2004, justo tras la salida del gobierno local del tripartito PP, PA, Grito-PDDC. "Ese primer estudio ya arrojó que la empresa tenía una deuda de tres millones de euros. Durante este mandato se solicitaron una serie de préstamos para hacerle frente y se fueron pagando las cuantías solicitadas a los bancos hasta tal punto que en 2007 --con la salida del tripartido-- la empresa estaba equilibrada, según la auditoría de ese año. Desde ese momento hasta ahora la deuda ha crecido hasta los ocho millones de euros".
A juicio de la consejera de IU de Limdeco, detrás de esto hay "una clara intención de descapitalización de la empresa" que previsiblemente perseguiría la "privatización" del servicio de limpieza y recogida de basuras de Motril.
Asegura que, pese a que la última auditoría dejó latente la necesidad "de una inyección económica del Ayuntamiento a la empresa para que pudiera hacer cargo a estas deudas o que habría que disolverla porque está en quiebra", no se ha hecho nada.
"A finales del año pasado quería implantarse en la empresa un nuevo organigrama más costoso al tener más cargos intermedios. Logramos que no saliera adelante pero en marzo volvieron a llevarlo y esta vez si lo aprobaron y lo han llevado a la práctica", ha lamentado la edil.
Limdeco cuenta en la actualidad con un presupuesto oficial de diez millones de euros, de los que solo se abonan realmente unos ocho, salvo el año pasado cuando, según Barros, el Ayuntamiento "quedó a deber a la empresa tres millones de euros". A esto se une que se han dejado de facturar los trabajos extras que realiza la compañía "para no engordar el presupuesto".
Debido al plan de ajuste el presupuesto se ha reducido hasta los seis millones de euros y Barros afirma no saber cómo con esa cuantía "podrá la empresa salir adelante y hacer frente a su deuda con la Seguridad Social y Hacienda".
A la plantilla, compuesta por más de 200 trabajadores, en estos momentos se les debe la paga extra de verano y el mes de julio lo cobraron entre el 13 y el 14 de agosto, igual que el resto de los empleados del Ayuntamiento, aunque lo que la consejera de IU y empleada de la empresa censura es que "el equipo directivo y los cargos intermedios mantengan y se hayan subido los pluses, pese a la situación por la que pasa la empresa".
